El Gobierno nacional oficializó una amplia reforma de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios estructurales en la organización, las funciones y la conducción del sistema de inteligencia, con un fortalecimiento del rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), que pasa a concentrar la dirección estratégica.

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la reforma apunta a ordenar competencias, eliminar superposiciones normativas y mejorar los controles internos y la coordinación entre organismos, en un contexto de nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. Bajo ese argumento, justificó el uso del DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.

Dos nuevas comunidades para coordinar inteligencia e información

Uno de los ejes centrales del decreto es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional, un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, además de otros organismos con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la Side y tendrá como objetivo centralizar la producción de inteligencia estratégica.

En paralelo, se crea la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos públicos que no producen inteligencia en sentido estricto, pero aportan información relevante para el análisis estratégico. Entre ellos se incluyen las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, así como organismos como Migraciones, el Registro Nacional de las Personas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas.

Separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia

El DNU establece una separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, que será la autoridad nacional en la protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos.

En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, orientada exclusivamente a la producción de inteligencia en el dominio digital.

Nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia

En materia de seguridad estratégica, la norma dispone que la Agencia de Seguridad Nacional pase a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia y redefine sus funciones para enfocarlas en la identificación y análisis preventivo de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera. El objetivo, según el decreto, es evitar superposiciones con las tareas de investigación criminal de la Policía Federal.

La reforma también incorpora por primera vez una definición explícita de contrainteligencia en la ley y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.

Cambios en inteligencia militar y controles internos

Otro punto relevante es el reordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y transfiere sus funciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el argumento de eliminar una superposición histórica.

En cuanto a los controles, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas y evaluaciones sobre el uso de recursos y la eficacia operativa.

Facultades ampliadas y control parlamentario

La reforma refuerza el poder de conducción de la Side, que se consolida como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos —incluidos los reservados— y centralizar la designación y remoción de autoridades.

Tal como establece la normativa vigente, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que deberá pronunciarse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno encabezado por Javier Milei avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001.