En altamar, los derechos humanos parecen no tener bandera. La pesca es una de las profesiones más peligrosas del mundo y, sin embargo, miles de personas siguen siendo empujadas a trabajar en condiciones inhumanas para sostener la demanda global de productos del mar. Jornadas extenuantes, aislamiento, ausencia de seguridad y asistencia médica, alimentación deficiente y situaciones de explotación se reproducen a diario en las llamadas flotas de aguas distantes.
Según informó a AIM el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), las tripulaciones están cada vez más expuestas al trabajo forzoso, con períodos de navegación extendidos, lejos de casa, sin descanso, sin equipos de seguridad y sin posibilidad de denunciar. En muchos casos se trata de migrantes que no dominan el idioma de los capitanes ni cuentan con canales para reportar abusos. Sus derechos quedan, literalmente, a la deriva.
Argentina sigue sin ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo
Frente a esta realidad, el Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 se presenta como una herramienta clave para proteger a los pescadores y regular las condiciones mínimas de seguridad a bordo. Sin embargo, Argentina aún no ha ratificado este acuerdo internacional impulsado por la Organización Marítima Internacional (OMI), que solo entrará en vigor cuando 22 países con al menos 3.600 buques elegibles lo aprueben.
De acuerdo al informe del CPA al cual tuvo acceso AIM, el país tuvo varias oportunidades para avanzar. En 2022, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Senado (Expte. 99/22), pero nunca fue tratado y perdió estado parlamentario. Este año fue presentado nuevamente. También se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados (Expte. 1683-D-2024) que retoma otro proyecto de 2022 (Expte. 5558-D-2022), pero tampoco se han registrado avances concretos.
¿Qué establece el Acuerdo?
El Acuerdo de Ciudad del Cabo establece requisitos obligatorios sobre estabilidad, construcción, dispositivos de salvamento, equipos de comunicación y protección contra incendios en buques pesqueros de más de 24 metros de eslora. También impone inspecciones regulares, simulacros obligatorios, disponibilidad de equipos de seguridad y condiciones dignas para la tripulación.
Además, según pudo saber AIM, los buques de países que no hayan ratificado el acuerdo también podrían ser inspeccionados si arriban a puertos de países firmantes, elevando así los estándares globales y limitando el margen de impunidad de las flotas más peligrosas.
Más muertes que estadísticas
Según datos de la OIT citados por el informe del CPA, cada año al menos 24.000 personas mueren en buques pesqueros comerciales y 24 millones sufren lesiones. Sin embargo, la falta de datos precisos y la imposibilidad de reportar muchos de estos hechos hace que las cifras reales puedan ser aún más alarmantes.
Mientras tanto, en nombre de la productividad, miles de pescadores y trabajadores migrantes son obligados a soportar condiciones extremas. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) se aprovecha de este vacío legal y se extiende, incluso en regiones como el Atlántico Sudoccidental, frente a las costas argentinas.
¿Qué se está esperando?
Proteger los derechos humanos en el mar es también una obligación del Estado. La ratificación del Acuerdo de Ciudad del Cabo no solo elevaría el estándar de seguridad en nuestra flota pesquera, sino que también sería un paso concreto contra la explotación laboral en altamar y la pesca ilegal.
Tal como informó a AIM el Círculo de Políticas Ambientales, la adhesión de Argentina contribuiría a:
- Combatir la esclavitud moderna.
- Mejorar las condiciones laborales y de seguridad.
- Fortalecer la competitividad de la flota nacional.
- Promover la construcción y equipamiento naval.
- Proteger los recursos marinos y frenar la pesca Indnr.