Las instalaciones fueron abandonadas hace años, sin custodia ni monitoreo. El predio registra una contaminación 50 veces mayor a la tolerable y hay 800 tanques de cloro que no se sabe dónde están.
Capitán Bermúdez es una localidad ubicada a 15 kilómetros al norte de Rosario sobre el margen del río Paraná que se fue poblando al ritmo del desarrollo fabril de uno de los polos productivos más importantes del país: el Cordón Industrial del Gran Rosario. La fábrica de papel Celulosa; Porcelanas Verbano, famosa por sus vajillas y la Petroquímica Bermúdez, ex Electroclor, fueron las tres granes fuentes de empleo.
El lado oscuro de esta historia es que la pequeña ciudad de 30 mil habitantes presenta índices en enfermedades oncológicas y afecciones respiratorias superiores a la media nacional y todo apunta a los años en que la pasta de papel se blanqueaba con los distintos derivados del cloro que la Petroquímica producía para Celulosa. Dos plantas pegadas una de la otra que durante décadas, cuando la contaminación ambiental estaba al tope de la agenda mundial y los desechos se vertían al río, aire y tierra.
Luego de la reconversión tecnológica de Celulosa, que reemplazó el uso del cloro por la instalación de un precipitador electrostático, Petroquímica Bermúdez quedó inactiva pero su amenaza de producir una tragedia ambiental es cada vez más alta.
Según las imágenes del predio de 21 hectáreas que tomó el drone de La Política Online, se advierte un abandono absoluto de las instalaciones, sus cañerías y tanques que ni siquiera cuentan con custodia de parte de su propietario, el empresario Sergio Tasselli quien acumuló procesos judiciales en distintas provincias muchos de ellos por el desguace de las plantas que adquiría.
Pero lo que más inquietó a las autoridades provinciales no es lo que se ve sino lo que no se halla: unas mil bombonas que hace pocos meses estaban desparramadas por el predio y ahora no hay rastros.
Es que las bombonas son tanques especiales, presurizados y aptos para el transporte de sustancias altamente tóxicas que en este caso se utilizaban para el almacenamiento y transporte del gas de cloro y sus derivados. Su manipulación requiere de protocolos muy estrictos y para desecharlas, hay que desgasificarlas con los mismos cuidados. De esas mil, solo se vaciaron 200 y el resto es un misterio.
"Una sola que se abra, hay que evacuar todo Capitán Bermúdez", dijo el fiscal Schiappa Pietra en diálogo con LPO citando al perito químico que expuso en la audiencia judicial para comprender la dimensión del riesgo. A su vez, en fiscalía tienen probado que muchas de las que se desgasificaron, se hicieron sin los controles necesarios, de manera precaria y absolutamente antireglamentaria.
En una inspección realizada días atrás por el Ministerio de Ambiente de la provincia, se detectó que en el predio hay presencia de sustancias altamente tóxicas y muy dañinas para la salud en el suelo, aire y agua en niveles 50 veces más altos que los tolerables para la salud de las personas: "en registros de concentración de elementos contaminantes que debían estar por debajo de 0.03, se llegaron a advertir 1.5", ilustró el fiscal Schiappa Pietra en diálogo con LPO.
A su vez, el tema tiene su costado institucional que quedó expuesto en la audiencia de hace 10 días cuando los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery presentaron los alegatos para tratar de anular una resolución judicial previa que le había otorgado a Tasselli el principio de oportunidad para eludir un proceso penal.
Allí se expuso una cadena de engaños, según las palabras de los acusadores, pergeñado por el entonces fiscal regional Patricio Serjal, hoy preso por recibir coimas de la mafia del juego clandestino, para que el cuestionado empresario no tenga que someterse a una imputación penal. Las sospechas también salpicaron a las máximas autoridades de Fiscalía de Estado durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz y al Fiscal General, Jorge Baclini, cuya actuación dejaron dudas sobre el tema.
En 2016, cuando hubo una fuga de cloro que afectó a más de 20 niñas de una escuela cercana, el recientemente fallecido Lifschitz firmó un decreto para que se avance en una investigación penal sobre los responsables de aquel episodio, pero el fiscal de Estado Pablo Saccone no lo entendió así y terminó avalando el cierre de la causa a favor de Tasselli.
En su defensa, Saccone dijo que el decreto que firmó el entonces gobernador, se hizo "para presionar" al empresario para que hiciera las cosas bien. "Hacer una denuncia para apretar a una empresa, como dijo el fiscal de Estado, es un delito", sostuvo con criterio Schiappa Pietra.
Por otro lado, la fiscalía que ahora pretende reabrir el caso y llevar a Tasselli a un juicio penal, señaló que en las audiencias se habla de remediación y no de reparación que en materia ambiental la diferencia es abismal.
"Remediar remite a una maniobra paliativa de un daño irreversible en cambio, si se tratase de una reparación tendríamos que estar hablando de millones de dólares que Tasselli debería desembolsar millones y millones de dólares para recuperar esas 21 hectáreas".
"¿Nos podemos imaginar que un barco petrolero que pase por la costa de Finlandia, en el mar Báltico, y sucede un accidente, el dueño del buque va a eludir las responsabilidades penales y no va a poner un dólar? ", se preguntó con ironía Schiappa Pietra. Lo cierto es que hay un daño hecho y es muy grande que puede convertirse en una tragedia ambiental de dimensiones inéditas para el país.
Fuente: La Política On Line