Dicen que cuando el río suena, agua trae. Mediante una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno restringió las acreditaciones de los periodistas que realizan las coberturas en Casa Rosada e impuso un código de vestimenta. Además, este fin de semana se publicó una información según la cual el oficialismo implementaría un espionaje que alcanzaría a periodistas, economistas, académicos o ciudadanos críticos del Gobierno. ¿Qué pasa con la libertad de expresión y la censura en épocas de libertad?

El Gobierno nacional oficializó este viernes nuevos requisitos para que los medios y periodistas puedan acreditarse en la Casa Rosada y la oposición denuncia que es una clara censura a la libertad de expresión.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 1319/2025 que deroga la disposición anterior de 2024 y tiene como objetivo “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”.

La normativa establece un plazo de 30 días hábiles para que los medios y periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, que serán válidas desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Entre los postulados, se incluye un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una “matriz de evaluación objetiva” para evaluar a los postulantes, según una grilla con puntos que toma en cuenta factores como el “índice de medición de audiencia y alcance” en los últimos tres meses.

Además, se limitó la cantidad de trabajadores de prensa que podrán asistir a las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada, según establecen los anexos firmados por el subsecretario de Prensa Javier Lanari. Así, solo podrán acceder hasta 25 periodistas a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” acreditados bajo la modalidad Anual. Además, otros 36 profesionales podrán asistir desde la Sala de Conferencias.

Según el Gobierno, esto es necesario para garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”.

En suma, se estableció un código de vestimenta ara las conferencias "será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional". “Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia, los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento", sostuvieron.

Desde la oposición, advierten que “estas medidas limitan el derecho a preguntar libremente y condicionan el tratamiento editorial de los hechos”, denunció y apuntó contra la libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión que “se pasea con su perro caniche por todos lados y mantiene cerrada, bajo siete llaves, la comisión, en una inacción nunca vista”.

El rol de la Side

Luego de que trascendiera este fin de semana la aprobación por parte de la Side de un Plan de Inteligencia que abriría las puertas a tareas de espionaje interno, el Gobierno salió al cruce este domingo con un duro comunicado.

La Oficina del Presidente desmintió las versiones periodísticas afirmando en cambio que el actual es “el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la Side para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. Según el comunicado, el presidente Javier Milei “ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”.

“El Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”, agrega el texto de la Oficina del Presidente de la Nación.

Según publicó La Nación este fin de semana, el documento elaborado bajo la conducción de Sergio Neiffert, define los ejes estratégicos de inteligencia del país. Reafirma prioridades como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de intereses en el Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, también incluiría formulaciones ambiguas que habilitarían tareas de espionaje interno.

Entre sus puntos, el PIN permite recabar información sobre quienes “erosionen la confianza” en funcionarios encargados de la seguridad nacional o en las políticas económicas del gobierno. Esto podría alcanzar a periodistas, economistas, académicos o ciudadanos críticos de Javier Milei, de Patricia Bullrich o de Luis Caputo. Su vaguedad genera preocupación por una posible vigilancia sobre voces disidentes.

En medio de una creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y los medios, un grupo de diputados de distintos bloques publicó un texto conjunto en defensa de la libertad de prensa, titulado "25 de Mayo y un Compromiso democrático en Defensa de la Libertad de Prensa". Denuncian “hostigamiento desde el poder” y advierten sobre un “grave retroceso institucional” que pone en jaque la convivencia democrática.

A días del 25 de Mayo, un grupo de diputadas y diputados nacionales lanzó un mensaje para reivindicar el rol central del periodismo en la democracia argentina y advertir sobre lo que consideran una escalada de ataques por parte del gobierno nacional y su entorno.

Datos

Como todos los años, Reporteros Sin Fronteras (RSF) releva la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un monitoreo de la situación a nivel global y en ese informe Argentina aparece con un fuerte retroceso. Nuestro país cae 21 puestos y se ubica en el lugar número 87 del reporte que señala “a la agresiones físicas contra las periodistas” como el aspecto más visible de las vulneraciones aunque no el único.

Sucede en un contexto en el que Pablo Grillo aún se encuentra internado por la represión sufrida mientras cubría una marcha y Javier Milei dedica tuits casi diarios contra el ejercicio de la tarea de prensa, casi todos ellos acompañado con “No odiamos lo suficiente al periodismo” como frase final.


Bajo el subtítulo “Presiones crecientes en un contexto de deriva autoritaria”, Argentina aparece entre los retrocesos más significativos de la región. “El presidente Javier Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política”, se lee en el apartado referido al continente.

Esto no es todo, según el periodista Lautaro Palacios, el Gobierno de Javier Milei profundiza el autoritarismo con el ataque a la prensa crítica a su gestión. Esto pudo verse reflejado en un caso de notable repercusión, como fue el fusilamiento del fotorreportero Pablo Grillo por parte de Gendarmería Nacional. Otro hecho, más cercano en el tiempo, que reflejó la incomodidad que genera el fotoperiodismo, fue el amedrentamiento al reportero gráfico del medio cooperativo «Tiempo Argentino», Antonio Becerra, por parte del encargado de la Side (Secretaría de Inteligencia) y mano derecha del presidente, Santiago Caputo.