La depredación que sufre el Atlántico Sur, mediante una flota de al menos 600 buques extranjeros que permanece sobre la milla internacional 201, pero que ingresa de manera permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, continúa generando controversias y respuestas por parte del Gobierno nacional.

En ese marco, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca impuso una sanción contra dos buques vinculados con capitales chinos que operaban ilegalmente dentro de la ZEE. En concreto, se les aplicó una multa conjunta superior a los 2.700 millones de pesos.

Las embarcaciones se denominan Bao Feng y Bao Win y operan bajo el control de capitales de la potencia asiática, aunque tienen su base fiscal establecida en Samoa.

Se estima que la pesca ilegal dentro de la ZEE, centrada principalmente en la captura de calamar, representa un negocio de alrededor de 1.000 millones de dólares.

De manera oficial se indicó que ambos buques utilizan “banderas de conveniencia” para eludir las regulaciones internacionales y reducir sus costos operativos.

De esta manera, el Bao Feng operaba bajo pabellón de Vanuatu, mientras que el Bao Win figuraba en los registros marítimos de Panamá.

Tras la detección inicial por parte de las autoridades argentinas, la presión diplomática llevó a Vanuatu a dar de baja el registro del Bao Feng. Sin embargo, la empresa resolvió rápidamente la situación al reembanderar la embarcación en Tanzania para no perder su capacidad de navegación.

La autoridad pesquera dispuso una sanción económica equivalente a un millón de Unidades de Pesca para cada uno de los barcos.

En términos monetarios, la cifra conjunta supera los 2.700 millones de pesos y representa una de las sanciones económicas más severas desde que se ampliaron los controles contra la pesca ilegal en aguas nacionales.

“Argentina reafirma su política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal. Logramos la detección temprana y sancionamos a estos buques en defensa de la soberanía y de la sustentabilidad de nuestros recursos marinos”, afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, al informar sobre la sanción aplicada.

La medida responde a la implementación de la Disposición 20/2026, impulsada por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, Juan Antonio López Cazorla.

La normativa busca cerrar los vacíos legales utilizados durante las últimas décadas por las flotas extranjeras para evitar sanciones cuando sus embarcaciones no eran abordadas físicamente en el mar.

El Gobierno refuerza los controles alrededor de la milla 200

El procedimiento contra el buque potero Bao Feng comenzó en enero, luego de que fuera detectado en aguas nacionales por la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La embarcación navegó durante más de una hora y media a una velocidad reducida, inferior a los cuatro nudos, un comportamiento técnico que la reglamentación considera una “maniobra directa de faena”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó en ese momento que la infracción fue confirmada mediante la plataforma de seguimiento satelital Skylight.

El entrecruzamiento de datos permitió consolidar una prueba electrónica considerada irrefutable ante la Justicia administrativa, sin necesidad de exponer a la PNA a un abordaje en alta mar.

Semanas después, el buque Bao Win realizó una maniobra similar dentro de la jurisdicción nacional.

La inteligencia de tráfico marítimo documentó “desplazamientos anómalos” y aplicó el mismo criterio reglamentario, lo que permitió confirmar la conducta ilícita de la embarcación asiática sobre los límites de la jurisdicción marítima argentina.

En este contexto, especialistas en conservación marina afirmaron que “la rapidez con la que estas empresas cambian de bandera e ignoran las normativas expone la debilidad de los controles internacionales sobre las ‘flotas oscuras’ que operan en la milla 201”.

La normativa argentina establece que la navegación sin autorización a velocidades inferiores a seis nudos determina una presunción de pesca ilegal.

Mediante este mecanismo, el Gobierno convierte los registros de telemetría satelital en multas efectivas que pueden ser ejecutadas sobre las empresas multinacionales.

Los buques fueron sancionados, pero podrán continuar pescando

A pesar del impacto de la multa, la aplicación de la sanción económica no impide que las embarcaciones continúen extrayendo recursos.

Una vez cubierta la penalización establecida por el área de Pesca, tanto el Bao Feng como el Bao Win podrán retomar sus operaciones a partir de la milla 201.

Al tratarse de aguas internacionales, la legislación argentina no tiene potestad jurídica para incautar las embarcaciones ni para impedirles la libre navegación fuera de las 200 millas.

Para las grandes corporaciones pesqueras chinas, las multas multimillonarias terminan siendo absorbidas como un costo operativo adicional dentro de sus campañas extractivas.

La incursión dentro del Mar Argentino forma parte de un fenómeno estructural.

Como publicó iProfesional, durante los últimos años las flotas de origen chino y europeo incrementaron un 85 por ciento la intensidad de la pesca en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, la estrategia de las empresas asiáticas también alcanza al mercado interno.

Según reveló un informe reciente del mismo medio, conglomerados chinos adquirieron acciones en empresas pesqueras nacionales y ya controlan el 63 por ciento de la flota potera que opera legalmente bajo bandera argentina para la captura del calamar.

Fuente: Portal iProfesional