A casi cincuenta años del golpe de Estado de 1976, el negacionismo vuelve a instalarse en la discusión pública como una estrategia que busca relativizar el terrorismo de Estado y poner en duda hechos ampliamente probados por la Justicia y la investigación histórica.

El 24 de marzo marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, con la instauración de un régimen que implementó un sistema sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Sin embargo, desde sus propios orígenes, la dictadura desplegó mecanismos de ocultamiento y distorsión para justificar su accionar y minimizar las violaciones a los derechos humanos.

Lejos de ser un fenómeno reciente, el negacionismo se construyó como parte de ese dispositivo. Durante el régimen, se apeló a la idea de una “guerra” contra la subversión y se instalaron discursos que buscaban diluir responsabilidades. Con el paso del tiempo, estas narrativas mutaron, pero mantuvieron su objetivo central: deslegitimar pruebas, relativizar el número de víctimas y trasladar la responsabilidad hacia las propias víctimas.

En la actualidad, estos discursos encuentran en las redes sociales un canal de amplificación que favorece la circulación de versiones simplificadas o directamente falsas sobre el pasado reciente. La velocidad y la falta de contexto en estos espacios contribuyen a la difusión de interpretaciones que contradicen la evidencia acumulada durante décadas.

Especialistas señalan que el negacionismo opera mediante estrategias claras: cuestiona testimonios, reduce la magnitud de los crímenes, invierte las acusaciones y construye teorías conspirativas. En distintos países, estas prácticas han sido enfrentadas con legislación específica que sanciona la negación de genocidios y crímenes de lesa humanidad.

En Argentina, el debate también se expresa en el plano político e institucional, con momentos de mayor o menor consenso en torno a las políticas de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, distintos estudios de opinión muestran que la condena social al terrorismo de Estado continúa siendo mayoritaria, lo que refleja la persistencia de una memoria colectiva activa.

En este contexto, la construcción de memoria no se limita a un ejercicio del pasado, sino que se proyecta como una herramienta para el presente. La reivindicación de las luchas de organismos de derechos humanos y de figuras emblemáticas sigue siendo un eje central frente a los intentos de relativización.

El desafío, señalan analistas, radica en sostener y fortalecer estos consensos en un escenario atravesado por nuevas formas de circulación de la información, donde el pasado reciente vuelve a ser objeto de disputa.