El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades impulsado por el Gobierno propone eliminar las sociedades en comandita, reactivar las SAS y flexibilizar la organización interna de las empresas. El sector farmacéutico aparece entre los más afectados por los cambios.

La reforma de la Ley General de Sociedades enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso prevé modificaciones profundas en la estructura jurídica de las empresas argentinas. Entre los cambios más relevantes se encuentran la eliminación de las sociedades en comandita, la reactivación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y la incorporación de nuevas figuras societarias adaptadas a la economía digital.

Uno de los sectores que deberá adecuarse al nuevo esquema es el farmacéutico. Las farmacias que actualmente funcionan bajo la modalidad de sociedades en comandita tendrán que transformarse en Sociedades Anónimas (SA), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) o SAS.

Este tipo societario distingue entre socios que aportan capital y otros que asumen la administración y la responsabilidad legal del negocio. En muchas farmacias, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el farmacéutico figura como socio administrador y responde con su patrimonio por las obligaciones de la empresa, mientras que los propietarios participan únicamente como inversores.

Con la reforma, los dueños de las farmacias deberán asumir formalmente funciones dentro de la estructura societaria. Según especialistas en derecho empresarial, el profesional farmacéutico pasaría a ocupar cargos directivos, mientras que la conducción de la empresa recaería en representantes de la propiedad.

Otro de los sectores que podría beneficiarse es el de las empresas familiares. El proyecto habilita que acuerdos entre socios, reglas sucesorias y mecanismos de gobierno corporativo puedan incorporarse directamente a los estatutos sociales, evitando la necesidad de firmar protocolos o pactos paralelos.

La iniciativa busca otorgar mayor seguridad jurídica a este tipo de acuerdos, que actualmente suelen quedar fuera de los documentos constitutivos y en algunos casos terminan generando conflictos judiciales entre socios o herederos.

El texto también prevé el regreso de las SAS, una figura creada durante la gestión de Mauricio Macri para simplificar la creación de empresas y reducir trámites administrativos. Durante el gobierno de Alberto Fernández se incorporaron nuevas exigencias que limitaron su utilización.

Además, se reconocen las denominadas sociedades simples, utilizadas habitualmente por pequeños emprendimientos o asociaciones de profesionales, y se incorpora una figura novedosa: las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que pueden operar mediante sistemas automatizados y tecnología blockchain, aunque deberán contar con representación legal humana.

El proyecto forma parte del paquete de reformas económicas impulsado por el oficialismo y comenzará a debatirse en las próximas semanas en la Cámara de Diputados, donde distintos sectores empresariales y profesionales expondrán sobre el impacto que los cambios podrían tener en la actividad económica.