Nueve pueblos dedicados al agro transgénico registraron un aumento alarmante de embarazos que no llegaron a término y de casos de hipotiroidismo. Un trabajo científico único en su tipo demostró el impacto sanitario de los agrotóxicos sobre las mujeres que viven en regiones fumigadas. A tres décadas del agronegocio en la Argentina, las pruebas son contundentes y solo los cómplices pueden negar las consecuencias del modelo agropecuario.

Un nuevo estudio científico confirmó el vínculo directo entre el modelo agropecuario, los agrotóxicos y el aumento de abortos espontáneos e hipotiroidismo en nueve localidades de Santa Fe.

A partir del análisis de diez años y 6.497 casos, los investigadores afirmaron que las mujeres que viven en lugares dedicados al agro transgénico padecieron más del doble, 2,4 veces, de casos de abortos espontáneos durante una década.

“Es irrebatible lo que producen los plaguicidas en la salud de la población, la evidencia científica es contundente”, destacó Facundo Fernández, coautor del trabajo e integrante del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, espacio colectivo que realizó la investigación.

Acebal, Arteaga, Chabás, Luis Palacios, San Genaro, Sastre, Timbúes, Villa Eloísa y San Jorge son las localidades incluidas. Las primeras ocho tienen menos de 6.000 habitantes, mientras que San Jorge cuenta con 19.000. Todas comparten la actividad agropecuaria industrial, basada en semillas transgénicas y el uso masivo de agrotóxicos.

Políticos y empresarios destacan el “modelo exitoso” del campo y promocionan las “ganancias” obtenidas mediante las exportaciones, pero no consideran el impacto sobre la salud de la población.

Un modelo que enferma

El estudio “Abortos espontáneos e hipotiroidismo en poblaciones rurales argentinas rodeadas de cultivos pulverizados con plaguicidas”, publicado en la Revista de Salud Pública de la UNC, confirma que vivir en pequeñas localidades rurales expuestas a plaguicidas agrícolas tuvo un impacto negativo sobre la salud reproductiva y endócrina de las mujeres.

La investigación confirmó el riesgo para la salud de la población: las mujeres que viven en esos lugares presentaron altas tasas de abortos espontáneos y de hipotiroidismo, 2,4 y 2,5 veces mayores, respectivamente, durante una sola década.

El trabajo, realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, señala que las localidades fueron seleccionadas por su intensa actividad agrícola, ya que hasta el 80 por ciento de su superficie está destinada a la producción de cultivos pulverizados con productos químicos.

“La expansión del modelo agroindustrial, caracterizado por el uso creciente e intensivo de plaguicidas, particularmente glifosato, impacta negativamente en la salud reproductiva de las comunidades. Este impacto se manifiesta, entre otros indicadores, en el incremento sostenido de abortos espontáneos en el primer trimestre del embarazo”, sostiene una de las conclusiones de la investigación.

En la introducción del trabajo se citan otras investigaciones que demostraron que el ambiente intrauterino constituye el primer punto de contacto con los contaminantes, ya que determinadas sustancias pueden pasar de la madre al feto en desarrollo a través de la placenta.

En las nueve localidades se registraron 2.870 embarazos entre 2008 y 2018.

Del total, 2.501, equivalentes al 87 por ciento, culminaron en nacimientos, mientras que 369, el 13 por ciento, terminaron en pérdidas gestacionales. De estas últimas, 285 ocurrieron durante el primer trimestre.

El estudio demostró que la tasa de abortos espontáneos durante el primer trimestre del embarazo aumentó 2,4 veces en los pueblos fumigados entre 2008 y 2018.

“Los plaguicidas pueden generar distintos problemas de salud, la afección de distintos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. El estudio confirma el aumento del número de pérdidas de embarazo a lo largo de diez años en estas localidades expuestas a plaguicidas”, resumió Fernández.

En paralelo, la investigación confirmó que la incidencia de hipotiroidismo en esas localidades aumentó 2,5 veces durante el mismo período.

El hipotiroidismo se caracteriza por una reducción de la función de la glándula tiroides y de la producción de hormonas vitales para la salud.

Como elemento de incidencia directa, los investigadores destacaron un trabajo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa), que alerta que, de 128 ingredientes utilizados en plaguicidas agrícolas, 71 tienen impacto en el desarrollo de hipotiroidismo.

El estudio del Instituto de Salud Socioambiental identificó un aumento del 40 por ciento en la probabilidad de experimentar abortos espontáneos entre las mujeres con hipotiroidismo, en comparación con aquellas que no presentaban esa condición.

La investigación advierte: “Los resultados del presente estudio, en conjunto con la evidencia previa, respaldan la hipótesis de que el incremento en la proporción de abortos espontáneos en las últimas décadas en la región podría estar relacionado con la expansión del modelo agroindustrial basado en el uso intensivo de plaguicidas”.

Como medida de mitigación, los investigadores solicitaron cumplir con el “principio precautorio”, reconocido legalmente y destinado a proteger a la población y al ambiente.

También propusieron alejar las fumigaciones terrestres a una distancia mínima de 1.000 metros de las viviendas y prohibir las pulverizaciones aéreas.

La investigación concluye: “Este estudio constituye el primer informe sanitario que describe el perfil epidemiológico de la salud reproductiva en la región agroindustrial de la provincia de Santa Fe. El aumento en las tasas de aborto espontáneo y de hipotiroidismo están estrechamente relacionados con el uso de plaguicidas”.

Entre las empresas que comercializan agrotóxicos en la Argentina se destacan Bayer-Monsanto, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.

El trabajo, de 18 páginas, fue firmado por un equipo interdisciplinario integrado por los investigadores Damián Verzeñassi, de la UNR; Facundo Fernández, de la UNR; Daniela Madanes, de la UBA; María Agustina Etchegoyen, de la Unmdp; Alejandro Vallini, de la UNR; y Guillermo E. Hough, de la CIC de la provincia de Buenos Aires.

Gobiernos cómplices y cosechas de enfermedad

La denominada agricultura industrial, o agronegocio, es una política de Estado que atravesó a todos los gobiernos desde Carlos Menem hasta la actualidad, tanto nacionales como provinciales.

El modelo ocupa 37 millones de hectáreas fumigadas con agrotóxicos.

La investigación advierte que la Argentina no cuenta con datos oficiales sobre las cantidades de productos químicos utilizados. Sin embargo, retoma información de la FAO, organismo de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, que establece para el país un promedio de 6,3 kilos o litros de plaguicidas por hectárea cultivada.

La cifra se encuentra muy por encima de la registrada en Estados Unidos, con 2,8 kilos, y en Francia, con 3,7 kilos. El herbicida glifosato es el producto más utilizado.

Los investigadores detallan que en la Argentina se encuentran autorizados 340 ingredientes activos de agroquímicos, de los cuales 120 no cuentan con aprobación en la Unión Europea.

Esto evidencia un doble estándar: se protege la salud de la población europea, pero no la de países como la Argentina.

“Los plaguicidas constituyen un factor de riesgo para la salud humana, ya sea por intoxicación aguda o por exposición crónica, generando impactos negativos en la salud pública. Aunque la exposición de toda la población es preocupante, las mujeres embarazadas y los fetos son especialmente vulnerables a la exposición”, remarca el trabajo.

Así como los gobiernos no registran datos sobre el uso de sustancias tóxicas en 37 millones de hectáreas, tampoco estudian la situación sanitaria de la población.

De esta manera, se refuerza una lógica de complicidad: “Si no hay datos, no hay pruebas. No hay delito y no hay culpables”.

La investigación también destaca que no existen datos oficiales sobre abortos espontáneos ni hipotiroidismo en la región estudiada, situación que se repite en muchas otras zonas del país.

“A pesar de la creciente evidencia y las reiteradas denuncias por parte de las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales aún no han realizado estudios epidemiológicos sobre los efectos de la exposición a plaguicidas en la fertilidad y el embarazo. Tampoco se han implementado políticas de salud pública orientadas a abordar esta problemática”, señala el informe.

Fernández remarcó que “los plaguicidas no son sustancias inertes, inocuas liberadas al ambiente, sino que generan diversos problemas de salud en las comunidades, pero ni el Estado ni el sector privado asumen el problema, no lo identifican y mucho menos los previenen”.

Tanto Fernández como el equipo de investigación sostienen que se debe aplicar el principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente, dejar de fumigar a las poblaciones y abandonar el uso de sustancias que no puedan demostrar su inocuidad para la salud humana.

“Se debe aplicar una fuerte política de Estado orientada hacia modelos de transición productiva, como la agroecología, que no dependa de insumos externos y principalmente no dependa de sustancias nocivas como los plaguicidas. Es un paso obligatorio que se debe dar si queremos resguardar la salud de las comunidades”, instó Fernández.

Campamentos Sanitarios: la universidad pública en los territorios

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario contaba con una experiencia única: los “Campamentos Sanitarios”, pertenecientes a la materia Práctica Final del último año de la carrera e impulsados por el Instituto de Salud Socioambiental.

Todos los estudiantes y docentes se instalaban durante una semana en un pueblo, siempre de acuerdo con las autoridades locales, y mediante una encuesta detallada trazaban un perfil sociosanitario del lugar.

Entre 2008 y 2019 se realizaron 40 campamentos, entre ellos los nueve incluidos en la publicación científica, y se reunieron evidencias claras sobre el aumento de enfermedades vinculadas con el modelo agropecuario.

En una decisión muy llamativa y cuestionada, las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR eliminaron esta experiencia de estudio e investigación vinculada con los territorios afectados por el modelo económico.

Fuente: Portal SudOeste BA