A días que se cumplan dos meses de la dudosa muerte de la mendocina Magalí Morales (39) ocurrida en una comisaría de San Luis, la investigación se encuentra paralizada, la justicia puntana sólo ha reunido un 20 por ciento de las pruebas y nunca se han producido detenciones.

En contraposición, la causa ha tenido en los últimos días importantes repercusiones políticas a nivel nacional: Magalí aparece nombrada en la polémica carta en la que 300 intelectuales hablaron de “infectadura”. “La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”, dice el documento.

Por otra parte, Alfredo Cornejo –presidente de comité nacional de la UCR y diputado nacional por Mendoza-, en una carta de opinión publicada en La Nacion bajo el título de “la brutalidad policial también mata en nuestro país”, sostiene: “El 5 de abril pasado, en la provincia de San Luis, apareció "ahorcada" Florencia Magalí Morales en una celda de la localidad de Santa Rosa de Conlara. La circunstancia de su detención es una incógnita. Dijeron que violó la cuarentena obligatoria, que no tenía documento, que desobedeció al personal policial. La autopsia reveló que tenía signos de autodefensa”.

Una causa paralizada

Pues bien, esta dudosa autopsia ha sido el desencadenante de la paralización de la causa según explicó hoy a Los Andes, el abogado querellante Santiago Calderón Salomón, quien representa a la familia de la víctima junto a Federico Putelli. Hace un mes la familia de la mujer solicitó una “reautopsia”, frente al breve informe presentado por el forense. El Juzgado de Instrucción Penal del Departamento Junín, a cargo del juez Jorge Osvaldo Pinto, quien instruye un expediente caratulado como “averiguación muerte” aceptó el pedido y ordenó que una junta de forenses de las tres circunscripciones de la justicia de San Luis, reviera la pericia. Esta junta determinó que la autopsia era insuficiente y propuso nuevos puntos para periciar.

En ese momento el juez Pinto ordenó la “reautopsia” pero que los costos de la misma –unos 100 mil pesos- los pagara la familia de Magalí.

“No sólo es una cuestión de dinero sino que el traslado del cuerpo lo tiene que hacer una empresa privada y por lo tanto la Justicia no  respetaría la custodia de la prueba”, explicó Calderón Salomón, advirtiendo que la medida fue apelada.

Así las cosas, mientras esta  extraña cuestión debe ser decidida por la Cámara de Apelaciones de Conlara, la causa que venía avanzando a través de audiencias remotas, se estancó.

“Como consecuencia de apelación está suspendido todo el proceso. Estábamos con audiencias online programadas para que declararan los policías que nunca han declarado, y dos detenidos que estaban también en la comisaria y todas las pruebas se han suspendido sin fundamento”, afirmó el abogado.

También sostuvo que el juez ha producido solo el 20 por ciento de la prueba. Ni siquiera el primer pedido que hicieron –los registros de las cámaras de seguridad callejeras- aún no se han incluido en el expediente. Y si bien se hizo la pericia de los teléfonos de los policías, el informe tampoco está en la causa.

Una muerte, muchas dudas

El domingo 5 de abril pasado la Comisaría 25 de Santa Rosa, inició un sumario policial contra Florencia por tres delitos: incumplir la cuarenta obligatoria, resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad.

Esta es la versión policial: cerca de las 9:30, unos policías estaban en la puerta de un banco, en la esquina de Santa Rosa de Lima y Rivadavia, cuando observaron a una mujer circulando en bicicleta  a contramano.

Los policías le dijeron que frenara pero ella “haciendo caso omiso, la mujer se dirigió a la Comisaría. Al ingresar al lugar, la policía le solicitó el documento, pero la mujer manifestó no poseerlo”, aunque dio su nombre y domicilio.

Los policías le dijeron que iban a “demorar” por romper el aislamiento obligatorio y en esa situación “intenta fugarse lo que motiva que intercedan la agente Torres, Yohana y Oficial Principal Ontiveros, con quienes se produce un forcejeo, ante tal situación y debido a la violencia que presentaba dicha ciudadana se suma al proceder el Oficial  Principal Mancilla, Daniel quien recibe un rasguño en una de sus manos”.

Entre los tres lograron reducirla y la trasladaron luego al hospital local “para ser atendida por el médico de turno" y luego la volvieron a llevar a la comisaría

A las 19:30 se produjo el desenlace fatal: el comisario Heraldo Clavero, llamó al juez para decirle que Florencia “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara”, un pueblo cercano a Merlo.

Una hora más tarde llegó a la comisaria el juez, el médico forense, personal de criminalística y el jefe del comisario, el subjefe de la Unidad Regional III, el comisario Jorge Bustos. En ese momento se realizó una inspección de la celda y el médico hizo una revisión preliminar.

Fuente: Los Andes .-