Días atrás, el presidente electo, Alberto Fernández, dijo que enviará un proyecto de ley sobre legalización del aborto al Congreso para tratar este tema "tan pronto” como asuma el Gobierno, pero “queremos no sólo que se discuta sino que se apruebe y se vote”, afirmó a AIM la referente por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Malena Lenta.

En diálogo con esta Agencia, Lenta expresó que la Campaña “tomó positivamente que el tema aparezca como un debate o como una propuesta que se vaya a plantear, según los dichos de Alberto Fernández”.

De todos modos, aclaró: “Queremos no sólo que se discuta sino que se apruebe y se vote”, y ratificó: “Si hay voluntad política se puede debatir, ya que el proyecto está presentado en el Congreso”.

Además, “mientras mantengan diputados y senadores también gobernadores que se declaren antiderechos será un obstáculo muy grande”. Por eso, desde la Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito,  “seguiremos con el reclamo en la calle y, desde ahí, presionaremos para que se logre en el próximo periodo. Es una pelea que deberemos seguir dando”, manifestó.

Fernández supo expresar públicamente: “Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”.

En relación con el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), “exigimos que se ratifique”, subrayó la dirigente feminista.

Cabe recordar que el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein -que renunció ayer de manera indeclinable al cargo- publicó el miércoles pasado en el Boletín Oficial la resolución 3158 por la cual actualizó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”.

Se trata de un mecanismo que rige desde 2015 tras el fallo “FAL” de la Corte Suprema de Justicia de la nación en el que en 2012 ratificó que en casos de violaciones las mujeres tienen derecho a acceder a un aborto. Para eso, el máximo tribunal les pidió a todos los poderes del estado nacional y de las provincias que sancionen un protocolo para determinar los métodos en los que se harán esos abortos en los hospitales públicos.

El Código Penal establece desde 1921 que las mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas no serán sancionadas penalmente en caso de hacerse un aborto. Tampoco las que tengan un embarazo que pongan en riesgo su vida o salud.

La actualización del protocolo incluía los alcances del nuevo Código Civil sobre menores de edad. Por ejemplo, que las chicas de entre 13 y 16 años pueden consentir una práctica de ILE cuando no implique un riesgo grave para su salud o su vida. Y que las menores de 13 podrán dar su consentimiento acompañadas de sus padres o de quien ejerza su cuidado.

Pero tras la actualización, el gobierno de Macri criticó la actuación de Rubinstein y ayer publicó en el Boletín Oficial la derogación de la actualización del protocolo. La decisión llevó la firma de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.