La falta de ética de “algunos profesionales hace que sean cómplices de la destrucción ambiental y del ocultamiento de casos de muerte por la aspiración del polvo de sílice. Impugné un estudio de impacto ambiental de las areneras y a sus firmantes los llevaré a la justicia”, afirmó a AIM el ingeniero Agrónomo Carlos Cadoppi.

En diálogo con esta Agencia, Cadoppi señaló que “las arenas de sílice son imprescindibles para la extracción de petróleo y gas por el denominado método de fraking, en yacimientos de Vaca Muerta y otros similares”, y recordó que “en la provincia de Entre Ríos se encuentran los mayores yacimientos de estas arenas de todo el territorio argentino, que ya se usaban para la elaboración de vidrios, pero en cantidades menores, en comparación con los volúmenes extraídos actualmente. En consecuencia, también lo eran el impacto sobre el suelo, el aire, el agua, el ambiente, la fauna, la flora y el hombre”.

El ingeniero precisó que “desde hace años se fueron acumulando regulaciones de cumplimiento obligatorio que, supuestamente, garantizarían el bajo impacto que estas extracciones. Sin embargo, causaron un impacto ambiental ya indisimulable, que fue en aumento. Y aunque desde hace siglos se conocen las alertas, se hace caso omiso de ellas y queda la realidad de la destrucción, la contaminación y la muerte”.

A la justicia
Cadoppi afirmó que estas irregularidades “están todas denunciadas. El desastre está a la vista, la contaminación del agua es una realidad, las modificaciones en el movimiento de los cursos generan inundaciones y destrucción del humedal, y por último el aumento de las muertes por diagnóstico de 'cáncer de pulmón', que nunca fue investigado, si en realidad eran casos de cáncer o fibrosis sílica causados por la aspiración del asesino polvo de sílice. Hay funcionarios del gobierno anterior, en todos los estamentos, que están involucrados. Tengo la expectativa que los actuales no sean cómplices de este desatino”, se esperanzó.

Enfermedades irreversibles
Cadoppi aseveró que se propone investigar “sobre las derivaciones de supuestos enfermos de cáncer de pulmón a los centros médicos de Zárate, Campana y Gualeguaychú, porque sospecho del ocultamiento de aquellos casos de fibrosis silícica pulmonar. Es estadísticamente imposible que no haya ocurrido ningún caso de esta enfermedad cuando acompañan desde hace siglos a la minería de las arenas silícicas”.

Más allá de su participación en las denuncias “contra las malas prácticas ambientales y complicidad de los funcionarios es menor”, Cadoppi acompaña “solidariamente los pedidos de investigación y denuncias que el doctor Ricardo Luciano lleva adelante”.

El ingeniero consideró que ahora le toca a él “plantear ante la sociedad un tema que hasta ahora ha pasado desapercibido o ha sido maliciosamente ocultado, pero que es clave para que no se siga avanzando con la destrucción y la muerte por parte de las areneras 'habilitadas' para la depredación de nuestro patrimonio territorial”.

Teléfono para ex funcionarios
En rigor, se refirió “a la participación de los profesionales firmantes de estudios de impacto ambiental que habilitan a estas empresas a continuar con los procesos más destructivos que se tenga memoria en nuestra provincia. También hay casos de funcionarios que, sin tener incumbencias que los habiliten de acuerdo a su título de grado para aprobar determinados estudios, por el solo hecho de haber sido designados en una secretaría o ministerio que se ocuparon de determinados aspectos de su gestión, lo que no correspondía y es dable de análisis. Además, está el grotesco de aquellos profesionales y técnicos que pretenden tener incumbencias habilitantes por el solo hecho de haber realizado algún curso de una supuesta especialización. Se dice en broma entre colegas que tal fulano o fulana está habilitada por las academias Pitman o los más sustanciosos cursos dictados por Doña Petrona C. de Gandulfo”, ironizó.

También denunció que “existe la pretensión de no tener que matricularse para firmar estudios o trabajos, pues son 'científicos que ejercen la docencia'. Caminan entre el resto de sus colegas con un aura de superioridad absoluta, cuando en realidad no quieren pagar el costo de una matrícula, con la pretensión de no poder ser siquiera investigados por sus pares. Pero atención, para ellos hay una mala noticia: los colegios de profesionales existen, se encargan de controlar, entre otras funciones, el cumplimiento de las normas éticas por parte de los profesionales, estén o no matriculados. Y hay jurisprudencia de sobra que ratifica mis dichos”, fustigó.

Fuertes criticas a estudio de impacto ambiental
Cadoppi explicó que recientemente tomó conocimiento de un estudio de impacto ambiental que pretende habilitar a todas las areneras de sílice actuantes en el departamento de Ibicuy. “El 20 de febrero llevó a cabo la asamblea de presentación del pomposamente llamado: Estudio de impacto ambiental acumulativo para la extracción de arena silícea Islas de Ibicuy, Entre Ríos. Informe final. Instituto de recursos minerales de la Facultad de Ciencias Naturales y museo Universidad Nacional de la Plata. Ya hemos impugnado ese informe por diversas razones que lo hacen, a mi entender, no solo no aprobable sino además denunciable ante la justicia por ocultar la realización de delitos ambientales”.

Los firmantes, -profesionales todos ellos- han cometido, según el criterio de Cadoppi, “delitos de ética profesional que denunciaré, ante los Colegios y Consejos profesionales de la provincia”.

También, dijo Cadoppi, “así queda plasmado en el título de la presentación. Firman en nombre y representación de dos universidades, sin demostrar que están apoderados para hacerlo; no aclaran que título tienen y, en consecuencia, no se puede determinar si tienen incumbencias que los habiliten a firmar los informes de los estudios que supuestamente han realizado y firmado en la Ciudad de La Plata, en noviembre de 2023”.

Por último, agregó que “los firmantes que, sin aclarar título profesional, matrícula profesional habilitante ni en que Colegio o Consejo profesional están matriculados en la provincia, ni mucho menos en condición de que instrumento legal firman en nombre y representación de las universidades que invocan representar, son casi una decena. Leyendo una vez más el informe y los hechos que certifican haber visto, y sugieren como buenos y de bajo impacto ambiental, creo que preferirán que se les quite el título por cuestiones de ética antes de que lleguen a la justicia las impugnaciones y denuncias que se desprenderán de nuestra presentación”.