La Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) repudiaron la intervención del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Al rechazo de la intervención por parte de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se sumaron el repudio de tres de los gremios más grandes de la provincia: Ate, Ajer y Festram.

La Comisión Directiva de Ajer se “declaró en estado de alerta”, ante la intervención del Iosper. En ese marco, manifestó “su firme apoyo y respaldo al hasta hoy, presidente del Directorio Obrero, Fernndo Cañete, y a todo el Directorio Obrero de la obra social”, y expresó “su más enérgico rechazo a la intervención dispuesta por el gobernador, Rogelio Frigerio, ya que se trata de un verdadero atropello a los trabajadores, quienes somos los legítimos dueños de la obra social”.

Asimismo, apuntaron que “la sorpresiva intervención, intempestiva y ejecutada en forma agresiva, genera gran incertidumbre sobre el futuro del Iosper y a las prestaciones que diariamente requieren sus 300.000 afiliados, a la vez que representa un golpe institucional innecesario e injustificado, máxime cuando de parte del directorio siempre se buscó una instancia de diálogo en cada uno de los conflictos”. En ese sentido, apuntaron que “en esa dirección y en la búsqueda de acciones totalmente democráticas se puso a disposición la renuncia de la presidencia y la decisión de convocar rápidamente a elecciones de Directores en representación de todos los sectores, para la renovación de la conducción del organismo y así facilitar una instancia de acercamiento con el Poder Ejecutivo. Finalmente esto no sucedió. Esta acción del gobierno vulnera un principio democrático que nunca debió ser avasallado”.

ATE: “La intervención es un grave retroceso”
La intervención de la principal dispuesta por el gobernador Rogelio Frigerio a través del Decreto 3.675/24 GOB, “configura un grave retroceso, que lesiona la representación genuina de los afiliados”, indicaron desde ATE.

En ese sentido, apuntaron que la conducción colegiada del Iosper, de acuerdo a lo que establece su ley orgánica, “constituye un principio irrenunciable de la ATE ya que se enmarca en el derecho que los afiliados naturales tienen de administrar por sí los recursos de la seguridad social que todos los meses en carácter de aportes y contribuciones conforman el tesoro del organismo”.

“Pareciera que a través del intempestivo procedimiento de barrer con el directorio actual y los relativos argumentos esgrimidos por el gobierno para la intervención iniciarían un esquema de mejora que podría volcarse a un mejor servicio, pero llamativamente ni se mencionan cuestiones que son graves para el funcionamiento y que realmente atentan contra una prestación de mayor eficiencia, como por ejemplo el bajísimo nivel de aportes y contribuciones, que ubica al Iosperúltima en la grilla de obras sociales provinciales del país (Ej. IOSPER: 7% - San Juan: 14,5% - la mayoría por encima del 9%) o la disparada exponencial de los costos sanitarios”, precisaron.

Además, apuntaron que “más allá de los redimensionamientos y reconversiones al que el Instituto seguramente debe ser sometido y el necesario apego a los procedimientos, de ninguna manera es el de la intervención un razonamiento válido para resolver la situación de fondo, cuando además en las designaciones de los interventores aparecen nubarrones que, de mínima, generan justa suspicacia”.

Festram: “El gobierno busca apropiarse del manejo de Iosper”
En tanto, desde la Festram aseguraron que no permitirán “que esta intervención se consolide”, por lo que junto con los gremios de base tomarán “todas las acciones necesarias para garantizar que Iosper sea dirigido por un Directorio Obrero, como lo establece la legislación vigente”.

En el documento, también se manifestó el “enérgico rechazo a la intervención de la obra social Iosper”, ya que señalaron que es “una medida que claramente responde al objetivo del Gobierno de apropiarse de su manejo, vulnerando los derechos de los trabajadores y de los aportantes”.

Al respecto, apuntaron que en los últimos años, “Iosper demostró una gestión eficiente, con superávit financiero y económico, y con un constante aumento y mejora en las prestaciones. Sin embargo, desde diciembre de 2023, las políticas nacionales, como la devaluación y el otorgamiento de incrementos no remunerativos a los trabajadores provinciales y municipales, generaron ingresos muy por debajo de la inflación, ocasionando un déficit que hoy se utiliza como excusa para justificar esta medida arbitraria”.

La intervención “afecta a una obra social que, a pesar de recibir los aportes más bajos del país, ha mantenido sus servicios en funcionamiento”, y agregaron que además se negó desde el gobierno provincial “un aumento en los aportes para garantizar su sostenibilidad; la creación de un fondo de financiamiento para medicamentos y tratamientos de alto costo y enfermedades crónicas; y los reintegros necesarios para prestaciones vinculadas a discapacidad, entre otros derechos esenciales”. Al respecto, subrayaron que Iosper cubrió “costos que deberían haber sido asumidos por el gobierno provincial, afectando su equilibrio financiero”.