El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos rechazó categóricamente la denuncia presentada por el gobierno provincial contra integrantes de la organización sindical a raíz de la movilización realizada este martes frente a la Dirección General de Recursos Humanos.
Desde el gremio señalaron a AIM que “se trató de una manifestación gremial legítima, realizada en demanda de respuestas que el gobierno provincial debe brindar a los trabajadores, particularmente a través de la Dirección General de Recursos Humanos y la Secretaría de Trabajo”.
Durante la jornada “se reclamó por trámites demorados, derechos laborales, carrera administrativa, salarios y, especialmente, por la urgente apertura de las paritarias. Son reclamos legítimos que el Ejecutivo conoce y viene postergando”, sostuvo ATE.
No vamos a aceptar que se criminalice nunca la protesta para sustituir y ocultar la falta de respuestas de parte del gobierno de turno. Tampoco que se utilicen las instituciones del Estado para perseguir y castigar a quienes ejercen legítima y razonablemente sus derechos.
Documento de ATE.
“Cuando un gobierno no brinda respuestas a los trabajadores en tiempo y forma, y estos reclaman fervientemente por ello, no puede pretender reemplazar el diálogo y la solución de los conflictos por la criminalización de quienes demandan respuestas concretas de las autoridades”, expresó el sindicato.
Críticas al gobierno
Por otro lado, el sindicato recordó que viene denunciando públicamente “la clara animosidad y desidia” que el gobierno provincial demostró hacia la organización sindical.
En ese sentido, afirmó que existe “una definición política de total supresión” del gremio que, en los hechos, implicaría “privilegiar y alimentar exclusivamente el vínculo y las decisiones a adoptarse junto a otra organización sindical”.
“Esta actitud no es inocua: busca deliberadamente debilitar la representación que ejerce ATE de sus trabajadores, generando desigualdades sindicales y perjudicando al colectivo de trabajadores que necesita una verdadera defensa de sus derechos laborales”, advirtió la entidad.
El sindicato también cuestionó el contexto político y económico en el que se producen estos hechos y apuntó contra las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio: “La política que sostienen Milei y Frigerio violenta día a día al pueblo trabajador, deteriorando salarios, condiciones laborales y empleo público, y pulverizando derechos conquistados”.
Frente a este escenario, sostuvo que “la organización y la protesta pacífica de los trabajadores no son violencia, sino una respuesta legítima y necesaria”.
“La movilización fue firme, pero pacífica”
Respecto de la movilización que motivó la denuncia, ATE Entre Ríos aseguró que la protesta cumplió con todos los requisitos legales y que se desarrolló “de manera firme, contundente y enérgica, pero pacífica”. En ese sentido, negó que durante la manifestación se hayan producido acciones intimidantes, amenazantes o dañosas contra personas o bienes.
“En ningún momento se cometieron acciones que puedan ser catalogadas como intimidantes, amenazantes y dañosas hacia personas y bienes del lugar, como se pretende falsamente instalar”, afirmó la organización.
Asimismo, señaló que los responsables de las áreas donde se desarrolló la manifestación no se encontraban en sus lugares de trabajo, incluida la funcionaria que radicó la denuncia, quien —según indicó el gremio— “no estuvo presente durante los hechos”.
La organización sindical expresó además su disposición a colaborar con la Justicia y aportar “todos los elementos y aclaraciones que sean necesarios” para esclarecer lo ocurrido y determinar la verdad de los hechos.
Finalmente, ATE Entre Ríos ratificó su decisión de sostener los reclamos y defender el derecho de los trabajadores a organizarse, peticionar ante las autoridades y ejercer la protesta sindical: “No vamos a aceptar que se criminalice nunca la protesta para sustituir y ocultar la falta de respuestas de parte del gobierno de turno. Tampoco que se utilicen las instituciones del Estado para perseguir y castigar a quienes ejercen legítima y razonablemente sus derechos”.