Las comisiones de Poderes, Peticiones y Reglamento y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirán este martes a las 12.00 en plenario para comenzar el debate sobre la reforma de la Ley 26.122, que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El dictamen, sin embargo, recién se firmará el próximo martes 30 de septiembre, tal como se fijó en el emplazamiento aprobado en el recinto.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado —donde fue aprobada el 4 de septiembre con 56 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones— pone en jaque al oficialismo de La Libertad Avanza. El presidente Javier Milei ya había anticipado a fines de 2024 que vetará la norma si es convertida en ley, calificando el proyecto como un intento de “cambiar las reglas del juego”.

Entre los puntos principales del texto se destaca que los decretos deberán versar sobre una sola materia, a fin de ser tratados de manera individual. La propuesta busca evitar situaciones como la del DNU 70/2023, que modificó o derogó más de 300 leyes con el objetivo de desregular la economía. Ese mismo decreto fue rechazado en el Senado el 14 de marzo de 2024, aunque todavía permanece sin tratamiento en Diputados.

Otro aspecto clave de la reforma es que habilita a ambas Cámaras a reunirse incluso durante el receso parlamentario para tratar de manera inmediata los DNU. Actualmente, solo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo puede sesionar entre diciembre y febrero.

Además, se propone modificar el mecanismo de aprobación: los decretos quedarían validados si ambas Cámaras los aprueban por mayoría absoluta dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente fue el DNU 179/2025, que avaló el nuevo acuerdo con el FMI y quedó blindado únicamente con el visto bueno de Diputados.

Por último, la reforma plantea que el rechazo de una sola Cámara signifique la derogación total del decreto, e impida al Ejecutivo dictar otro sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Si no se tratan en el plazo de 90 días, también caerían automáticamente. Hoy, en cambio, la legislación vigente solo establece que un DNU queda derogado si ambas Cámaras lo rechazan.

Con este debate en puerta, el Congreso se encamina a discutir una de las reformas institucionales más sensibles de la gestión Milei, con un escenario cargado de tensión política y con el futuro de los decretos ejecutivos bajo la lupa.