Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), trazaron un análisis de cómo se viene dando la ejecución de las políticas alimentarias a nivel nacional y provincial. “El recurso alimentos es cada vez es más finito y la demanda crece de manera exponencial”, dijo a AIM Tamara Berales, dirigente social del movimiento.

Sobre las políticas alimentarias a nivel nacional, Berales dijo a esta Agencia que: “Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular somos un sector que viene siendo muy castigado por las definiciones políticas del gobierno de Javier Milei y en relación a la situación alimentaria por parte de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello”.

Señaló además que: “La falta de renovación de convenios de alimentos, el congelamiento del salario social complementario (ex Potenciar) que se encuentra hace más de un año en 78.000 pesos, y la no renovación de convenios de niñez atacaron de forma drástica las condiciones de trabajo de quienes semanas tras semanas sostienen las ollas en sus espacios y a sus trabajadoras”.

Berales indicó: “Esto, nos llevó a pensar cómo reorganizarnos, en función de que el recurso alimentos es cada vez es más finito y la demanda crece de manera exponencial. Todas las semanas nos encontramos con personas, familias enteras, que piden ser incorporadas a la lista de entrega de viandas porque no tienen para comer en sus hogares”.

En relación a esto, “la economía personal de casi todas las compañeras que sostienen las ollas está al rojo y al mismo tiempo están con más trabajo que nunca. Lo que vemos a diario es que, en contextos de crisis, las demandas de los espacios socio-comunitarios aumentan y más ahora que el Estado se retira cada vez más”.

Política alimentaria a nivel provincial

La referente de Utep, analizó: “En la provincia la situación no varía mucho. Si bien tenemos hace un año, y con prórroga en curso, la Ley de Emergencia Alimentaria, la cual permite abastecer de alimentos a los espacios socio-comunitarios, no termina de resolver el problema porque el crecimiento de la demanda es constante y hasta la fecha no hay por parte del gobierno provincial programas de reconocimientos estatales que le permitan a las compañeras tener una retribución económica en relación al trabajo que realizan, a pesar de seguir sosteniendo las ollas de comida y copas de leche en los distintos espacios (comedores, merenderos) distribuidos por toda la provincia”.

En esta misma línea, “muchas de estas compañeras están desbordadas y afectadas en su salud mental porque terminan siendo la primera línea de trinchera entre el hambre, la miseria, el avance de la narcoestructura en los barrios populares y un gobierno flaco en relación a políticas sociales que le mejoren la vida a la gente”.