La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, asegurara desde Bolivia que cuenta con grabaciones en las que el exasesor de Javier Milei habla sobre supuestos manejos vinculados al Gobierno. La Justicia argentina pidió que Beller sea citada para aportar información y evaluar el contenido de esos registros.


El caso sumó así un nuevo capítulo a la causa que investiga las presuntas coimas y el supuesto direccionamiento de contrataciones en la Andis, expediente que se inició a partir de los audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo.


Cerimedo ya había quedado involucrado en la investigación después de declarar ante la Justicia yratificar aspectos de los audios de Spagnuolo. En aquella declaración sostuvo que existía un esquema de retornos y afirmó que parte del dinero habría tenido como destino la Casa Rosada. Esos dichos forman parte de una investigación judicial que todavía no determinó responsabilidades penales.


Un vínculo que vuelve a quedar bajo la lupa
Cerimedo fue asesor y estratega digital cercano a Milei durante la campaña electoral y mantuvo vínculos políticos con sectores del oficialismo. Su nombre volvió a aparecer con fuerza a partir de su detención en Bolivia, donde enfrenta una investigación por el ataque contra Beller.


Desde el hospital donde se recupera de las heridas sufridas durante el episodio, Beller sostuvo que posee grabaciones que podrían aportar nuevos elementos sobre los negocios y vínculos políticos de su expareja. La Justicia deberá determinar la autenticidad y relevancia de ese material.


La situación adquiere especial relevancia porque Cerimedo y Spagnuolo mantenían una relación de cercanía y sus nombres quedaron vinculados a la investigación sobre el funcionamiento de la Andis durante la gestión de Milei.


Spagnuolo fue desplazado de la conducción del organismo después de la difusión de los audios que desencadenaron el escándalo. La causa investiga si existió un circuito de pagos ilegales relacionado con las contrataciones de medicamentos y si esos fondos alcanzaron a funcionarios o dirigentes políticos.


La investigación que todavía busca respuestas
Los investigadores deben determinar, entre otras cuestiones, la autenticidad de las grabaciones, la existencia de eventuales retornos y el destino del dinero que aparece mencionado en distintos elementos incorporados al expediente. Los procedimientos judiciales también permitieron secuestrar documentación, dispositivos electrónicos y dinero que quedó bajo análisis.


El caso tiene una dimensión especialmente sensible porque involucra recursos públicos destinados a políticas para personas con discapacidad. Por eso, más allá de las disputas políticas, la Justicia deberá establecer si existieron maniobras destinadas a beneficiar a empresas mediante contrataciones estatales y quiénes participaron de ellas.


La aparición de nuevos testimonios y posibles grabaciones vuelve a poner el foco sobre un expediente que compromete a funcionarios y personas vinculadas al círculo político del Presidente.


Mientras avanzan las investigaciones en Argentina y Bolivia, la causa continúa abierta y todavía no existe una sentencia que determine responsabilidades. La Justicia deberá establecer si los vínculos y testimonios que aparecen en el expediente permiten probar la existencia de una estructura de corrupción dentro de la Andis y hasta dónde llegaron sus conexiones políticas.