La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear una nueva etapa de confrontación con el Gobierno nacional y anticipó que en los próximos días podría definir medidas de fuerza en rechazo al rumbo económico, la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El primer paso se concretó este miércoles con una reunión que reunió a representantes de confederaciones sindicales vinculadas al transporte, la industria, la alimentación y la energía, entre otras actividades. Del encuentro surgió un diagnóstico común sobre el impacto de las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei y la necesidad de avanzar en una estrategia de protesta con mayor continuidad en el tiempo.

La próxima semana se reunirá la mesa chica de la central obrera para evaluar distintas alternativas de acción y buscar consensos internos antes de convocar formalmente al Consejo Directivo Nacional, el único órgano habilitado para aprobar medidas de fuerza.

Fuerte malestar sindical

A través de un comunicado difundido tras el encuentro, la CGT sostuvo que la situación actual exige la construcción de un plan de lucha “sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones confederadas”.

Los dirigentes sindicales advirtieron que las políticas oficiales profundizan el debilitamiento del entramado industrial, favorecen la pérdida de empleo y generan una caída constante del poder adquisitivo de los trabajadores.

Durante la reunión también hubo cuestionamientos a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y a la revisión de convenios colectivos que comenzó a promover la administración nacional.

Debate entre huelga general y protestas escalonadas

Aunque algunos gremios propusieron avanzar hacia un nuevo paro general, dentro de la conducción de la CGT existen diferencias sobre la conveniencia de convocar a una huelga nacional en el corto plazo.

Varios dirigentes consideran que una medida aislada tendría un impacto limitado y plantean la necesidad de construir una estrategia más prolongada que permita sostener la presión durante varias semanas.

En ese marco comenzó a ganar fuerza la idea de implementar un esquema conocido como “paro a la francesa”, inspirado en las movilizaciones que se desarrollaron en Francia contra la reforma previsional impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

Qué es el “paro a la francesa”

La modalidad consiste en organizar medidas de fuerza escalonadas por sectores en lugar de concentrar toda la protesta en una única huelga general.

La propuesta contempla la realización de paros alternados en distintas actividades. Por ejemplo, una semana podrían llevar adelante medidas los gremios del transporte, luego los bancarios, posteriormente los docentes y así sucesivamente con otros sectores.

Quienes impulsan esta estrategia sostienen que permite mantener el conflicto durante más tiempo, ampliar el impacto de las protestas y reducir el desgaste que suele generar una convocatoria masiva de alcance nacional.

Además, consideran que podría facilitar la incorporación de otros sectores sociales afectados por el ajuste económico.

Las dificultades para un nuevo paro nacional

Dentro del triunvirato que conduce la CGT también existe preocupación por las dificultades para garantizar una adhesión plena a una nueva huelga general.

Algunos sindicatos clave del transporte enfrentan restricciones derivadas de conciliaciones obligatorias y sanciones económicas aplicadas por la Secretaría de Trabajo, situación que complica la coordinación de medidas de gran escala.

Ese escenario llevó a la conducción sindical a explorar alternativas que permitan sostener la confrontación sin exponer a determinados gremios a multas millonarias o conflictos judiciales.

Una nueva etapa de tensión con el Gobierno

La discusión sobre el nuevo plan de lucha se produce en un contexto de creciente tensión entre la CGT y el Gobierno nacional.

La central obrera viene cuestionando la caída del salario real, la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de la actividad industrial y el avance de reformas que considera perjudiciales para los trabajadores.

Si bien en el sindicalismo reconocen que es difícil modificar el rumbo económico de la administración libertaria, entienden que es necesario fortalecer la capacidad de respuesta del movimiento obrero frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

La definición de las próximas acciones quedará en manos de la conducción de la CGT durante los próximos días y podría marcar el inicio de una nueva etapa de conflictividad gremial a nivel nacional.