Crece la expectativa en el Congreso por la presentación del informe final de la Comisión Investigadora de la criptomoneda $LIBRA, que este martes a las 16 dará a conocer el resultado de meses de trabajo, testimonios, pedidos de información y fuertes disputas institucionales. El documento —un expediente de diez cuerpos con actas, informes técnicos, datos de exchanges y transacciones millonarias— será remitido a Diputados antes del 20 de noviembre y podría derivar en acciones judiciales.

En la antesala de la reunión, desde la comisión confirmaron que el texto incluirá conclusiones, responsabilidades políticas, recomendaciones y propuestas para avanzar en causas penales. Durante el proceso se requirió información a plataformas como Google y Binance, se analizaron movimientos vinculados a miles de billeteras virtuales y se reconstruyó el impacto económico de la operatoria.

Tres meses de testimonios y versiones cruzadas

La investigación se aceleró tras la designación formal de autoridades el 28 de agosto, y desde entonces se realizaron nueve reuniones. En ese período se destacaron testimonios claves, como el de un damnificado que aseguró que 86 por ciento de los inversores perdió casi todo su capital en menos de 12 horas, por un total estimado de 280 millones de dólares retirados del mercado.

Especialistas consultados expresaron posiciones contrapuestas: mientras algunos hablaron de un “rug pull” impulsado por la expectativa generada en redes, otros negaron la existencia de una estafa deliberada.

También se analizaron declaraciones brindadas el 25 de junio, cuando la comisión aún no tenía autoridades. En esa jornada expusieron periodistas, abogados, programadores y expertos en criptoactivos, quienes aportaron perspectivas técnicas y reconstrucciones del mecanismo utilizado.

Funcionarios citados y un solo compareciente

Cuatro funcionarios fueron convocados a interpelación: el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos asistió. Negó cualquier vínculo del Ejecutivo con el proyecto $LIBRA, desestimó responsabilidades y defendió los límites constitucionales del Congreso sobre investigaciones de este tipo.

Mientras tanto, otros funcionarios y exfuncionarios —como Karina Milei, el titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y la exresponsable de la Unidad de Investigación de $Libra, Florencia Zicavo— no se presentaron.

La comisión también detectó la existencia de 36 billeteras con ganancias superiores al millón de dólares, y pidió explicaciones sobre eventuales vínculos con operadores cercanos al oficialismo.

Tensiones internas y señalamientos al Poder Judicial

El oficialismo mostró escasa colaboración. Diputas internas revelaron que legisladores de La Libertad Avanza denunciaron supuestas irregularidades en el procedimiento, mientras la oposición señaló un “desinterés deliberado” para impedir avances.

En paralelo, la relación con la Justicia quedó atravesada por tensiones. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi negó el acceso al expediente judicial y rechazó pedidos de detención e indagatoria contra empresarios señalados en la operatoria, alegando secreto de sumario y medidas cautelares ya vigentes. Diputados calificaron su resolución como un “fallo político” y aprobaron impulsar un pedido de jury contra el magistrado y el fiscal Eduardo Taiano.

Qué incluye el informe final

El documento que se presentará este martes contendrá, según anticiparon fuentes legislativas:

Conclusiones sobre presuntas maniobras fraudulentas y mal uso de atribuciones.

Recomendaciones para reformar regulaciones del mercado cripto.

Propuestas de denuncias penales, acciones judiciales e incluso recursos ante la Corte Suprema para evitar nuevos bloqueos procesales.

Análisis de órdenes de pago y movimientos vinculados a 140.000 billeteras virtuales.

Estudios técnicos sobre el funcionamiento del token y el desplome que afectó entre el 85 y el 95 por ciento de las inversiones.

Tras su presentación, el expediente será remitido al juzgado federal a cargo de Martínez de Giorgi y al fiscal Taiano, donde continuará el capítulo judicial de un caso que ya impacta en la política nacional.