Tal como adelantó a AIM y en medio de un escándalo, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunió este lunes para crear la Comisión Bicameral Especial para la redacción del proyecto de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación.

Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.

Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio pidió que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.

Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.

Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.

El objetivo principal del proyecto, al que tuvo acceso AIM, es centralizar, en un código independiente, las regulaciones y mecanismos protectorios que necesitaremos para hacer frente a los desafíos de la sociedad de consumo de fines de siglo.

Una de las claves del proyecto es construir una norma con perspectiva federal, que atienda las problemáticas que enfrentan las y los consumidores y usuarios a lo largo y a lo ancho del país.

La idea es favorecer y garantizar el acceso de todos los sectores de la población, en especial de los más postergados y vulnerables, a los servicios públicos y a otras actividades y bienes esenciales que les aseguren condiciones dignas de vida y desarrollo personal y familiar.

Una de las novedades que se introducirán es la atención de las problemáticas y vulnerabilidades agravadas en el ámbito de las relaciones de consumo en entornos digitales, como también plasmar normas que den operatividad al principio de acceso al consumo sustentable, estableciendo normas concretas que comprendan las múltiples derivaciones de las exigencias ambientales relativas a la producción, comercialización y consumo sustentables.

Se establece además acoger de manera exhaustiva el sobreendeudamiento personal y familiar de las y los consumidores, estableciendo reglas y mecanismos para prevenirlo.

Lo principal es que mediante un proceso participativo se permita escuchar todas las voces interesadas, que atienda las problemáticas que enfrentan las y los consumidores y usuarios a lo largo y a lo ancho del país. Esta iniciativa viene a saldar una deuda del Estado con los usuarios con los consumidores, y pretende incorporar aportes, propuestas o reformas, para la presentación del órgano en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.