Si bien aún se desconocen los efectos que pueden tener sobre el río Paraná la aplicación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y el capítulo entrerriano que es el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (Rini), “sí podemos empezar a vislumbrar qué pasa si continúa un gobierno de ultraderecha, negacionista del cambio climático, que ha degradado al ministerio de Ambiente a una subsecretaría y que no está de ninguna manera con capacidad técnica para evaluar los impactos acumulativos y estratégicos que pueden tener los proyectos de infraestructura sobre el río Paraná: no existe un gabinete de cambio climático, tampoco pronunciamientos de los funcionarios respecto a los impactos que la profundización de la vía navegable pueda tener”, dijo a AIM el abogado ambientalista Enzo Culasso.
“Podemos comenzar a vislumbrar qué pasaría si se aplica el artículo 165 de la Ley Bases que establece que cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe este régimen debe ser declarado nulo de nulidad absoluta e insanable, y ordena a la Justicia a impedir su aplicación”, señaló Culasso a esta Agencia.
El abogado ambientalista, consideró: “Pensemos, por ejemplo, que la provincia decrete la emergencia hídrica por la dificultad de abastecimiento de agua potable, como ya ha sucedido en Victoria, y que el proyecto de la mal llamada hidrovía adhiera al Rigi, en ese caso que se pretenda sobredragar para mantener durante una crisis hídrica la navegabilidad en la profundidad que ellos pretenden, puede que esto impacte directamente en el suministro de agua potable”.
Advirtió Culasso, “si este proyecto continúa, aún con una emergencia hídrica, puede dificultarse el acceso al agua potable y, por tanto, la vigencia de un derecho humano fundamental”.
Asimismo, indicó, “el artículo 193 de la Ley Bases dentro del Rigi, establece que a los proyectos declarados de exportación estratégica a largo plazo se les garantiza la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que impida construir u operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos. Pensemos, por ejemplo, que la vía navegable troncal del río Paraná es una infraestructura de transporte y que pueden habilitarse nuevas vías de navegación o la profundización de las ya existentes; si nosotros quisiéramos aplicar nuestra Constitución provincial que establece en el artículo 85 que cualquier obra de infraestructura a gran escala que impida el libre fluir de las aguas o el desarrollo natural de los ecosistemas asociados, las islas y los humedales, puede estar chocando con este artículo”.
“Si bien aún desconocemos los efectos que puede tener este régimen, sí podemos empezar a vislumbrar qué pasa si continúa un gobierno de ultraderecha, negacionista del cambio climático, que ha degradado al ministerio de Ambiente a una subsecretaría y que no está de ninguna manera con capacidad técnica para evaluar los impactos acumulativos y estratégicos que pueden tener los proyectos de infraestructura sobre el río Paraná: no existe un gabinete de cambio climático, tampoco pronunciamientos de los funcionarios respecto a los impactos que la profundización de la vía navegable pueda tener”, enfatizó el abogado ambientalista.
“Estamos ante un no Estado y el gobierno de las corporaciones sobre nuestros territorios. Utilizan la vía navegable para exportar y pretenden hacerlo a un menor costo y mayor velocidad, para eso quieren llevar la profundidad al río a 44 pies (la que necesitan los buques transoceánicos), lo cual no solo es una locura porque no existe río del mundo a donde ingresen buques de tal tamaño, sino que esta lógica de pretender seguir adaptando el río a embarcaciones cada vez más grande nos está llevando al colapso de los ecosistemas de humedales de islas que dependen de lo que sucede en el cauce principal de la cuenca del río Paraná y todos sus afluentes”, explicó.
Resaltó el abogado ambientalista que “el gobierno argentino ha firmado un memorándum de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para el estudio de nuestras cuencas hídricas. Eso no solo significa una pérdida de soberanía y una intromisión por parte de Estados extranjeros en nuestros territorios, sino también la vulneración de nuestro derecho al conocimiento, como si no existieran en nuestro país los organismos con las capacidades técnicas suficientes para el estudio de nuestras cuencas”.
Estados Unidos, “tiene un plan muy claro en nuestra región: liderar un plan de sometimiento de nuestras democracias (Plan Cóndor), que doblegó, generó y financió las dictaduras en todo el Cono Sur para la imposición de modelos de mal desarrollo que hoy tienen a nuestro país entre una de las regiones más desiguales del planeta junto a toda Latinoamérica y en un ciclo de endeudamiento y empobrecimiento de nuestro pueblo para, en definitiva, posibilitar la extracción de las materias primas a un menor costo y sin resistencia por parte de nuestra población”.
Este plan, advirtió Culasso, “se está desarrollando hace muchos años y hoy vemos cómo se expresa no solo en la criminalización de la protesta, en la persecución a quienes defienden la naturaleza, sino también en los índices de pobreza que vivimos en nuestra región”.
Concluyó recordando que uno de nuestros próceres, Manuel Belgrano, decía que “cualquier Nación que deja hacer por otra una navegación que puede emprender por sí misma disminuye sus capacidades reales en favor de las potencias extranjeras”.