La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la nación convocó a una reunión informativa para este martes 26 de septiembre, a las 13, para comenzar a trabajar sobre la reducción de la jornada de trabajo, constató AIM.

La Cámara de Diputados de la nación comenzará a debatir este martes los distintos proyectos de ley sobre reducción de la jornada laboral, confirmaron a AIM fuentes legislativas. Las iniciativas contempladas en el temario incluyen a cinco del Frente de Todos, impulsadas por Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo, uno del Frente de Izquierda, presentado por Nicolás Del Caño, y uno más del diputado Enrique Estévez del bloque Socialista.

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de seis horas diarias o 30 semanales, mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky, quien había anunciado el 11 de septiembre que comenzaría el debate, propone que no se exceda de las ocho horas diarias o los cuarenta semanales sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de ocho horas diarias, pero que no exceda los cuatros días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de seis horas diarias y 30 semanales. Por otro lado, El socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

De qué se trata la reducción de la jornada laboral
La nave insignia es el proyecto del diputado oficialista y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. También permanece abierta la pestaña, bajo sigilo, de que un DNU pueda acelerar los tiempos políticos, como ya sucedió con las modificaciones al impuesto al sueldo. El esquema apunta a que se pase a un régimen de 36 horas semanales, con cuatro años de gradualidad y libertad para adecuar según el gremio. Debate que tendrá estación previa en la comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, donde el análisis abarca también la iniciativa de la diputada Claudia Ormaechea, sindicalista de la Asociación Bancaria, a la par del proyecto Yasky.

Si de gremios se trata, el motor que dará empuje tiene pistones en la adhesión, con movilización incluida al Congreso, para elevar el Mínimo No Imponible a 15 salarios mínimos.

Pasó mucho tiempo para que la CGT, la CTA Autónoma y la de los Trabajadores coincidieron en criterios, tiempos y espacio para avanzar sobre modificaciones que cada núcleo reclamó a su modo. Desde la cartera laboral, Kelly Olmos marcó un cambio de tesitura respecto a la resistencia que hizo flamear su antecesor Claudio Moroni respecto a la jornada laboral y su reducción. "Es una propuesta que en su momento desde el ministerio respaldamos, porque pensamos que la Argentina ha quedado en ese sentido muy retrasada al establecer todavía desde la década del treinta, 48 horas de jornada laboral semanal".

Cuánto tiempo más llevará

El cuadro incluye las alianzas que Massa ha tejido con las centrales gremiales. "El ministro tiene muy clara la idea, lo que nos ocupa es buscar la mejor forma que hacerlo, una de las posibilidades más firmes es mixturar la modificación con los Convenios Colectivos de Trabajo, para que dentro de cada gremio la discusión abarque su implementación", acotaron otras fuentes del oficialismo a este medio.

Las dos CTA coinciden en adherir a la reducción horaria, incluso citando relevamientos de otras naciones donde se ha definido esta dinámica, a favor de generar empleo "sin que implique reducción de salarios". La CGT por su parte, presenta a referentes entusiasmados con la iniciativa, como el triunviro Héctor Daer, sin perjuicio de que en esa misma central no hace tanto tiempo la cuestión ni siquiera era considerada una alternativa remota.

El punto de hervor para la reducción de la jornada laboral, como informó este medio, todavía conserva la posibilidad de que, al igual de Ganancias, su oficialización incluya un DNU, como "atajo", sin perjuicio de que haya que argumentar "prolijamente" su "necesidad y urgencia".