El oficialismo enfrenta dificultades para conseguir dictamen en dos iniciativas centrales de su agenda legislativa. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional acumula cuestionamientos por sus alcances penales y de seguridad, mientras que la propuesta sobre propiedad privada incluye negociaciones por los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. Ambos debates condicionan los planes del Gobierno para la sesión del 21 de octubre, en el marco del seguimiento legislativo de AIM.

Según pudo saber AIM, la Cámara de Diputados concentra las negociaciones en torno a los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dos iniciativas impulsadas por el Gobierno que todavía no tienen garantizados los acuerdos necesarios para avanzar hacia el recinto.

Aunque transitan por comisiones diferentes, ambas propuestas encuentran resistencias opositoras y pedidos de modificaciones de sectores dialoguistas. La posibilidad de conseguir dictámenes dependerá de las concesiones que acepte el oficialismo y de los entendimientos que alcance con otros bloques.

En el caso de Defensa de la Soberanía Nacional, el debate se desarrolla en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Las diferencias sobre el contenido del texto alejaron la posibilidad de un despacho inmediato y llevaron al oficialismo a retirarlo del temario previsto para el 21 de octubre.

El Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca reforzar la protección de los derechos soberanos, endurecer las sanciones contra la explotación ilegítima de recursos naturales y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas. La propuesta también contempla un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un consejo específico.

Durante las reuniones informativas, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, defendió el proyecto. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de distintos bloques plantearon objeciones sobre disposiciones vinculadas con la seguridad interior, la inteligencia y las libertades públicas.

Uno de los principales focos de conflicto es el artículo 111, que prevé sanciones penales para determinadas acciones realizadas bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, relacionadas con la alteración del funcionamiento institucional, la influencia electoral o las campañas de desinformación.

Los cuestionamientos apuntan a la amplitud de su redacción y a las interpretaciones que podrían afectar la libertad de expresión, el periodismo y la crítica política. Algunos sectores reclaman directamente su eliminación, mientras el oficialismo argumenta que procura prevenir la injerencia extranjera.

También generan reparos las facultades previstas para el Poder Ejecutivo, los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones, y las definiciones de amenaza externa y actividad terrorista.

En paralelo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron convocadas para este miércoles a las 16, con el objetivo de avanzar sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La iniciativa figura entre los asuntos que La Libertad Avanza pretende llevar a la sesión del 21 de octubre. Para facilitar su tratamiento, el oficialismo necesita conseguir el dictamen correspondiente y destrabar las diferencias sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La alternativa en negociación contempla mantener un límite del 15 por ciento de titularidad extranjera sobre tierras rurales a escala nacional, provincial y departamental. A la vez, propone flexibilizar otras restricciones, entre ellas el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo productivas.

La discusión está atravesada por la controversia sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, que dispuso la derogación de la Ley de Tierras, y por la estrategia opositora para debatir el decreto en el recinto.

Durante su paso por el Senado, el proyecto de propiedad privada perdió los capítulos referidos a tierras rurales, Manejo del Fuego y el Registro Nacional de Barrios Populares. El texto aprobado mantuvo reformas relacionadas con desalojos, expropiaciones y el registro de la propiedad inmueble.

Con estos dos frentes abiertos, el oficialismo busca reunir apoyos para sostener su agenda parlamentaria. Las negociaciones por los artículos cuestionados y el resultado de los plenarios serán determinantes para definir qué iniciativas podrán llegar al recinto, en una semana legislativa que sigue AIM.