Un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria de la Cámara de Diputados realizó este martes la última reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.

Durante el encuentro, llevado a cabo de manera remota, expusieron más de una docena de invitados de diferentes sectores. De esta manera culminaron las rondas de consultas, que comenzaron en noviembre del año pasado. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha en que los legisladores se abocarán a la discusión del dictamen.

La iniciativa recibió media sanción del Senado el 29 de octubre pasado por una amplia mayoría, al cosechar 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).

El proyecto cuenta con aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a la defensa del consumidor, además de asociaciones médicas, que ponen el énfasis en la importancia de la promoción de la alimentación saludable que plantea la propuesta.

Por su parte, a lo largo de las reuniones informativas, el sector industrial expresó sus reparos a la redacción del texto. Incluso, desde el Poder Ejecutivo, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, remarcó la necesidad de “tomar todos los recaudos necesarios para preservar” el “proceso de armonización de las normas” con el Mercosur y “evitar generar obstáculos innecesarios” en el comercio internacional.

La opinión de los expositores

La jornada comenzó con la participación de Philip Pérez, presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, quien aclaró que “la industria está dispuesta a reducir la comunicación dirigida a niños de productos que no cumplan con ciertos criterios nutricionales”. No obstante, planteó que el proyecto debe hacer una distinción entre “niños” y “adolescentes”.

Para el expositor, la iniciativa “entra en conflicto con muchas otras normativas legales relativas al adolescente”, además que “existen restricciones para adultos”. En ese sentido, Pérez explicó que con la redacción actual “hay algunas comunicaciones dirigidas a adultos que no vamos a poder hacer más” como “ofertas, recetas, tutoriales, degustación, eventos deportivos, donaciones”. Y siguiendo con la línea de la publicidad, pronosticó que “puede afectar a la artística”. “¿Qué pasa con los programas gastronómicos culinarios dirigidos a adultos?”, se preguntó.

Por su parte, Guillermina Gulo Tieri, secretaria de la Asociación Civil Justicia Colectiva, remarcó que en el caso de los adolescentes “no porque sean sujetos en formación y por la capacidad progresiva que les reconoce el derecho, se les puede dar menor protección”.

“Están en etapa de formación, entre otras cosas, del gusto”, señaló y sobre ello dijo que el gusto “es una cuestión completamente cultural y aprehensible, es decir que mientras más expuestos a determinadas imágenes y prácticas estemos, más vamos a estar predispuestos a determinar alguna predilección”.

Gulo Tieri destacó que la iniciativa plantea “un sistema de protección”, porque “no se trata solo de una limitación al incentivo de consumo a través de la regulación de la publicidad, que es importantísimo, fundamental y clave”, sino que “esto se complementa con la educación alimentaria y el saneamiento de los entornos escolares”.

A su turno, Alejandro Díaz, CEO de AmCHAm Argentina, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, afirmó el acompañamiento a los objetivos del proyecto, pero subrayó que debe evitarse “la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales”. De mantenerse la redacción actual, “se impone un sistema de advertencia rígido, que se convierte en un modelo punitivo”, opinó.

También hizo hincapié en “la armonización regulatoria con el Mercosur”, y sugirió aprobar “una norma similar a la brasileña” o “una ley que prevea su adecuación a la norma futura” del bloque regional.

En otro tramo, el expositor consideró que deberían definirse “los umbrales para la colocación de sellos, sin imponer límites extremadamente exigentes” porque “no se plantea gradualidad en la aplicación de los sellos”. “Los sellos negros no permiten conocer la cantidad concreta de nutrientes del producto en cuestión”, subrayó y propuso que se podría considerar el modelo Nutri-Score utilizado en Europa.

Entre los oradores que expusieron, el presidente de la Unión de Industriales Fideeros, Juan Manuel Airoldes, aseguró que “nuestros productos en ninguna parte del mundo tienen sellos”, mientras que ahora “podrían quedar alcanzados por este régimen de etiquetado”. “Nosotros no tenemos ningún nutriente crítico en nuestra formulación”, defendió.

Por eso, pidió que se contemple “el criterio de calorías que se utilizó en las legislaciones de Chile y México”. “El pedido de nuestra industria es muy clara, revisar esto, prestar atención a la situación que se puede generar y hacer un agregado (al proyecto) para darle coherencia al sistema”, resumió.

Miryam Gorban, nutricionista, directora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, manifestó que “acá se trata de dos caminos, o defendemos la salud o defendemos los negocios”.

“Tengo la preocupación que en los últimos tiempos el derecho a la alimentación, uno de los derechos básicos del planeta, no se está cumpliendo, porque hay un proceso inflacionario que reduce el acceso a la alimentación a los sectores más vulnerables; hay un modelo productivo hegemónico que hace que el producto final sea un alimento que está en forma contaminada”, sostuvo.

Asimismo, la nutricionista advirtió por la violación del “derecho a la información pública, porque no sabemos lo que comemos”. “Hay una publicidad engañosa que lamentablemente no está regulada por el Estado, que es el que tiene que hacer estos controles”, completó.

La experiencia internacional

Autor de la ley de etiquetado chilena, el senador por la Región Metropolitana de Santiago en Chile, Guido Girardi, enfatizó que “se está proponiendo como modelo para enfrentar algo que es dramático. No puede ser que los alimentos sean los principales causantes de enfermedades hoy día en el planeta”.

Al respecto, apuntó que “en este escenario pandémico aumenta el doble el riesgo de morir solo por ser obeso”, mientras que “la hipertensión y la diabetes agravan esto”. “En nuestros países la principal causa de muerte es consecuencia de lo que comemos y la manera de caminar por la vida”, continuó.

“Las marcas son universales y están promovidas por un modelo global de consumo”, indicó, al tiempo que reveló que en su país “los principales opositores a la ley fueron nuestro propio gobierno, nuestro ministro de Economía, la Hacienda se oponía. Yo tuve que amenazar con renunciar”.

Girardi, de profesión médico, aseveró que “los alimentos que son altos en sal, grasa y azúcar son aditivos, matan, destruyen la vida”, por lo que “no se puede hacer publicidad engañosa ni a los niños, ni a los adultos, cuando sabemos que no son alimentos”.

El senador chileno alertó que “la autorregulación” por parte de la industria “no existe”. Y ponderó que la ley buscar establecer “un derecho humano, el derecho a saber”. “Hay un incentivo gigantesco para que la mala industria se convierta a buena industria”, añadió, al tiempo que expresó que “si no regulamos la publicidad no vamos a lograr ningún efecto”.

De la reunión participaron además Oscar Cabrera, del Instituto O’Neill para la Legislación de Salud Nacional e Internacional de la Universidad de Georgetown; Eduardo Hodel, de la Sociedad Argentina de Apicultores; Jorge Terrazas, director de Anprac (Cámara de Bebidas mexicana) y presidente de ICBA (International Council of Beverages Associations); entre otros.