El proyecto de ley de economía del conocimiento, que fue aprobado con modificaciones este viernes en el Senado, se tratará este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática, y de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados. Se prevé que los legisladores dictaminen la iniciativa, para ser sancionada al otro día en el recinto, confirmaron a AIM fuentes parlamentarias.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado el viernes en el Senado, pero tuvo moficiaciones, volviendo a Diputados. La idea es emitir dictamen este martes, para llevarlo al recinto al día siguiente.

Según pudo saber AIM, la iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70 por ciento de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

El bono será del 80 por ciento de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60 por ciento para las micro y pequeñas empresas; del 40 por ciento para las medianas, y del 20 por ciento para las grandes.

Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.