En el marco de las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo impulsa una reforma integral del régimen fiscal y penal tributario, constató AIM. El proyecto eleva los umbrales para tipificar delitos de evasión, con el objetivo de adecuarlos a la realidad económica y reducir la conflictividad judicial.

La evasión simple se configurará cuando el monto supere los 100 millones de pesos, y la agravada, a partir de los 1.000 millones de pesos. Asimismo, se incorporan opciones para extinguir acciones penales mediante el pago de la totalidad de la deuda e intereses, y en causas iniciadas, mediante cancelación del monto adeudado más un 50 por ciento dentro de los 30 días posteriores a la imputación.

La iniciativa será debatida junto al Presupuesto 2026 en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que conservarán sus presidencias actuales, informaron a AIM fuentes parlamentarias.

Disciplina fiscal estricta y prohibición del déficit

El Gobierno también promueve el tratamiento de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La propuesta establece que el Presupuesto Nacional deberá ser equilibrado o superavitario y prohíbe sancionar leyes que impliquen gastos sin financiamiento específico.

En caso de desvíos en la ejecución presupuestaria, el jefe de Gabinete deberá adoptar medidas correctivas y reportarlas al Congreso en un plazo de cinco días.

La normativa endurece las responsabilidades de los funcionarios y sanciona penalmente la autorización de gastos sin respaldo o la emisión monetaria irregular, supo AIM.

Seguridad jurídica y defensa de la propiedad privada

Otra de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que busca fijar reglas claras para expropiaciones, ocupaciones y manejo de tierras. La propuesta redefine el cálculo indemnizatorio sobre valores objetivos y limita la transferencia de dominio al pago completo de la compensación.

También agiliza los procedimientos de desalojo ante intrusiones o falta de pago, habilitando la intervención de la fuerza pública y allanamientos en caso de ser necesario. Además, deroga restricciones previas a la compra de tierras rurales por inversores extranjeros privados, manteniendo límites para Estados y empresas estatales.

Un nuevo paradigma educativo: autonomía y libertad de elección

El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de Ley de Libertad Educativa, orientado a redefinir el sistema nacional de educación sobre principios de libertad, justicia y pluralismo, constató AIM. La iniciativa deroga la Ley de Educación Nacional y establece un marco que otorga mayor autonomía a las instituciones y reconoce la educación en el hogar y en entornos virtuales.

El texto consagra la libertad de enseñanza como derecho fundamental, reconoce el rol preferente de las familias y posiciona al Estado como garante del acceso, sin reemplazar la responsabilidad individual ni la iniciativa social.

Entre los cambios más relevantes, se asegura igualdad jurídica entre instituciones estatales y privadas, con financiamiento equitativo basado en el estudiante. Se establece la gratuidad en escuelas públicas y se incorporan vales, becas u otros dispositivos para garantizar la libre elección de centro educativo.

La propuesta incluye mecanismos de acreditación alternativos, como evaluaciones estandarizadas para quienes opten por educación en el hogar, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria como herramienta voluntaria al finalizar la escolaridad obligatoria.

En materia docente, introduce una carrera profesional basada en mérito, evaluación y formación continua, y crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente.