El Gobierno de Javier Milei reconoce el problema de la creciente morosidad en familias argentinas, pero decidió no implementar medidas de asistencia directa para las casi seis millones de personas con problemas de endeudamiento, a pesar del crecimiento a niveles récord en más de 20 años.


El debate por la falta de intervención estatal en la problemática de la mora se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda pública en los últimos días.


La primera plana del elenco gobernante considera que intervenir implicaría trasladar recursos públicos para resolver “una cuestión entre privados” y generaría un “riesgo moral” al utilizar fondos de los contribuyentes para salvar a bancos y deudores.

En ese contexto, el ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (Bcra) monitorean la situación junto con el sector financiero y anticipan que, según los últimos datos disponibles, la mora bancaria se encuentra ante un punto de inflexión con leves señales de reversión tras quintuplicarse en el último año y medio.

En el plano operativo, el equipo económico mantuvo en la última semana una reunión con referentes del segmento bancario para seguir de cerca la evolución del problema y analizar los datos más recientes, aunque sin interceder de forma directa.

Desde el Banco Central descartaron la posibilidad de fijar tasas de interés máximas, como ocurría en gobiernos anteriores. La apuesta es a que la recuperación del crédito reduzca el índice de irregularidad del financiamiento en pesos y, a la vez, a que los bancos otorguen planes de refinanciación que sean sostenibles para las familias que sufren el atraso en los pagos. Según estimaciones de Economía, las entidades bancarias están ofreciendo tasas de entre 20 y 25 por ciento anual a tres años de plazo para los morosos

Además, en el Bcra plantean que existe un rezago entre la mejora efectiva en el pago de los créditos y su reflejo en las estadísticas oficiales. El sistema de calificación y registro implica que, aunque la situación de mora comience a resolverse en la práctica, la baja en los indicadores tarda varios meses en materializarse por cuestiones operativas y de registro.

La postura oficial parte de la premisa de que la crisis de mora en los créditos familiares tuvo su origen en la volatilidad de tasas de interés que ocurrió en la previa electoral del año pasado. En palabras del presidente Javier Milei, “es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo” antes de las elecciones legislativas de 2025.

El mandatario remarcó que trasladar la resolución al Estado equivale a “pasarle la cuenta a todos los demás”. Y fue categórico al atribuir la responsabilidad de la deuda a quien decide asumirla: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

El jefe de Estado también valoró la actitud de los bancos, que, según describió, están avanzando en procesos de refinanciación con los deudores: “La refinanciación que están haciendo la mayoría de los bancos es un problema entre privados. De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación”, aseguró Milei en diálogo con LN+.