La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto del Régimen General de Compre Provincial impulsado por el poder Ejecutivo. El bloque Más para Entre Ríos no acompañó la iniciativa y advirtió que el texto "es un retroceso de la protección al comercio en la empresa local", registró AIM.

En la novena sesión ordinaria del 147 período legislativo, el oficialismo consiguió los votos necesarios para "establecer el Régimen General de Compre Provincial, destinado a promover un ecosistema empresarial local competitivo, innovador y sostenible, que fortalezca la actividad productiva, la generación de empleo, el desarrollo territorial y la innovación tecnológica en Entre Ríos".

El diputado oficialista y presidente de la comisión, Marcelo López, defendió la iniciativa y justificó la necesidad de reemplazar el régimen vigente. "En la actualidad se comprobó que encarecía la efectividad que se buscó al momento de sanción del actual régimen, ya que se encontraban las empresas radicadas en la provincia con distintos obstáculos prácticos", explicó el legislador. Según detalló, el nuevo esquema "pretende promover un ecosistema empresarial local, competitivo, sostenible que fortalezca la actividad productiva, la generación de empleo y el desarrollo de empresas radicadas en Entre Ríos" y apunta a que la contratación pública que realiza el Estado entrerriano "ponga en una mejor situación a las empresas que se encuentran radicadas en la provincia y generan empleo y están integradas con el sistema productivo entrerriano".

Desde la oposición, sin embargo, el proyecto recibió duros cuestionamientos. La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, ratificó en el recinto la postura que había adelantado en comisión y rechazó de plano el espíritu de la norma. "Lo que nosotros dijimos en comisión y vamos a ratificar también en el recinto es que esto no es una ley de compra provincial, más bien un retroceso de la protección al comercio en la empresa local", disparó la legisladora. Stratta profundizó su crítica al señalar que la iniciativa termina beneficiando a actores externos por sobre la producción entrerriana: "Lo que hacen es alentar a que empresas de otras provincias puedan venir a competir en igualdad de condiciones con las nuestras", sostuvo.

La titular del bloque contrapuso el proyecto oficialista con una propuesta propia orientada a asistir a las pequeñas y medianas empresas en el actual contexto económico. "Nosotros tenemos un proyecto incluso declarando la emergencia de las pymes, estableciendo en el marco con esa emergencia, políticas públicas que puedan ayudarlas a soportar este tiempo, a atravesar la crisis", remarcó, y calificó de "falta de respeto" que la iniciativa oficialista se presente bajo un rótulo que, a su entender, no se condice con su contenido. "Primero que se titula únicamente Compre Provincial. El articulado en ningún momento fomenta a la industria local", enfatizó a esta Agencia, y concluyó que su bloque "no acompañó porque no es una propuesta de Compre Provincial como lo titulan".

El rechazo también llegó desde otro sector de la oposición. El diputado Carlos Damasco, de La Libertad Avanza (LLA), fundamentó su voto negativo en lo que consideró una delegación excesiva de atribuciones hacia el Ejecutivo provincial. "Se realiza una excesiva delegación de facultades al Poder Ejecutivo a modificar el puntaje adicional, crear segmentos especiales, establecer diferenciadas y definir criterio según la planificación económica", planteó, y añadió que, "en los hechos, la Legislatura fija un marco muy amplio y deja librado al Ejecutivo determinar quién recibe beneficios y en qué magnitud".

Para el legislador libertario, una norma de estas características debería garantizar mayor previsibilidad y transparencia en su aplicación. "Debería establecer reglas objetivas, claras y permanentes, no permitir que las preferencias cambien por vías de reglamento", opinó. Damasco cuestionó, además, el impacto fiscal que podría generar el margen de preferencia contemplado para los proveedores locales. "La norma admitirá una diferencia de hasta un cinco por ciento y una instancia de mejora cuando la empresa local esté hasta un diez por ciento por encima de la oferta más económica, lo que implica que el Estado terminaría pagando más una contratación únicamente por el domicilio del proveedor", advirtió, y concluyó que, "en un contexto de restricción presupuestaria, cada precio adicional destinado a una contratación deja de destinarse a salud, seguridad o infraestructura".

Con el rechazo de Más para Entre Ríos y de LLA, el oficialismo logró de todos modos los votos necesarios para otorgarle media sanción al proyecto, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores.