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Política
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El Senado analiza pliegos judiciales 

En medio del receso y sin actividad en el Congreso, la Comisión de Acuerdos del Senado escucho este miércoles las exposiciones de 18 postulantes del Ejecutivo para diversos cargos en el marco del Poder Judicial, en este caso todos para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, supo AIM.

La actividad arrancó con el juez Hugo Daniel Navarro, postulante para juez de Cámara en Capital Federal, quien detalló las características del tribunal al que aspira acceder, precisando que esos tribunales reciben, según las estadísticas, un ingreso promedio anual de 400 causas, aunque advirtió que en 2020 se redujo sensiblemente ese número (a 15), lo que atribuyó a la pandemia.

“A pesar de esta merma importante, el número de causas que ingresan es sumamente elevado”, remarcó el magistrado, anticipando su intención de imprimirle celeridad al trámite de las mismas “para darle una respuesta tanto a la sociedad como al justiciable”.

Asimismo, dijo priorizar el juzgamiento de causas con personas detenidas, causas de delitos graves y complejos, violencia de género, delitos contra la integridad sexual y violencia institucional”, lo cual aclaró que “no implica desatender las causas que ingresan al tribunal. Voy a hacer uso de todos los medios alternativos de resolución de conflictos para lograr la armonía entre las partes y la paz social”, agregó.

Sobre el pago de Ganancias, dijo estar “totalmente de acuerdo” para abonarlo.

Se trató luego el pliego de Juan Carlos Bonzón, postulante a vocal de la Cámara de Apelaciones Penal Económica, que ya integra, pero para continuar ejerciendo el cargo en función de haber pasado la edad de 75 años, por lo que su exposición fue muy breve y respecto de Ganancias, admitiendo que debe ser pagado por una cuestión de “igualdad ante la ley”.

Ana Silvia Guzzardi fue la siguiente, propuesta como jueza de Cámara en Capital Federal, quien lleva muchos años en el Poder Judicial: desde 1993, o sea que está por cumplir 30 años en la carrera, signada por “la vocación por el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal”, según consignó, destacando que además de haber sido abogada, ha ejercido la docencia en esas dos materias, en la Facultad de Derecho y en el Instituto Superior de Seguridad Pública. “Como ven, siempre me he dedicado al Derecho Penal y Procesal Penal”, observó la aspirante.


Al concluir, el senador Martínez, que conducía la reunión, la consultó respecto del pensamiento del doctor Marcelo Sancinetti con relación al tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, por ser ella discípula del titular de la cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA. Guzzardi aclaró que no coincidía con el pensamiento de quien considera que existe un reparo constitucional por cuanto no debería ser el imputado el que debe demostrar que se ha enriquecido al salir de la función pública, sino la parte acusadora. La aspirante a jueza señaló que considera que al asumir la función pública acepta que “la carga de la prueba se ha invertido”

Fue el turno luego de Maximiliano Dialeva Balmaceda, postulante para el mismo cargo en otra vocalía, quien dijo haber sido el primer relator del tribunal al que aspira integrar como juez, destacó que el “espíritu inicial del tribunal que aún se mantiene” y consideró que “será un honor y espero estar a la altura de las circunstancias poder compartir con esos jueces y ese equipo de trabajo de excelencia”, en caso de ser aceptado por el Senado para acceder al cargo.

Habló a continuación Walter José Candela, aspirante a juez de Cámara en Caba, quien es actualmente juez de primera instancia. Entre otras consideraciones, Candela destacó que en los tribunales orales no hay designaciones de jueces desde 2015, por lo que hay allí “muchísimas vacantes”. Calificó entonces como “héroes” a los actuales magistrados que desarrollan un “trabajo estoico”, aunque a pesar de todo advirtió que “es muy difícil, por las agendas, porque uno no puede estar con tres juicios a la vez”.

Consultado por el senador Martínez respecto de los accidentes de tránsito y su opinión en torno a las escalas de pena hoy vigentes, el magistrado señaló que “hacer una inflación punitiva no lleva nunca a nada, lo que estamos necesitando es cambiar el procedimiento, hacerlo más ágil, más público”.

Fue el turno luego de Gustavo Alterini, también postulante para juez de Cámara en Caba, quien contó haber participado activamente en la confección del proyecto de sentencias por el cual la Sala 4ta de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal en la denominada megacausa Plan Cóndor.

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