El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial y ratificara el texto original. La norma, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026, quedó publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025. Sin embargo, su entrada en vigencia fue suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Según estimaciones oficiales, la creación de la nueva pensión demandaría un gasto de más de 2,1 billones de pesos en 2025 (0,26 por ciento del PBI) y cerca de 4,7 billones de pesos en 2026 (0,47 por ciento del PBI). A esto se suman los costos del “Programa Incluir Salud”, con un impacto de 574.200 millones en 2025 y 1,23 billones en 2026, además de compensaciones económicas para prestadores calculadas en 278.323 millones de pesos. En total, la implementación de la ley exigiría un crédito presupuestario superior a tres billones, equivalente al 0,35 por ciento del PBI.

El Gobierno justificó la postergación en la falta de previsión presupuestaria. En el decreto se advirtió que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían “igualmente insuficientes”. El Ejecutivo remarcó que solo un aumento del presupuesto aprobado por el Congreso podría garantizar la sostenibilidad de la medida.

La promulgación llega tras semanas de tensiones políticas. El Ejecutivo había vetado la norma en julio mediante el Decreto 534/25, alegando la necesidad de diseñar políticas “con criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo”. No obstante, Diputados y Senado insistieron con la sanción por mayoría especial, obligando al Gobierno a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

Paralelamente, a través de la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso una reasignación presupuestaria que refuerza la financiación destinada a la atención de personas con discapacidad. Los nuevos fondos, que comenzarán a regir el 1 de octubre, incrementan los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reducen los asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro. El objetivo es cubrir gastos impostergables vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, mientras se aguarda que el Congreso defina los mecanismos de financiamiento de la ley.

De esta manera, la emergencia nacional en discapacidad se encuentra promulgada, pero sin aplicación inmediata, a la espera de que el Parlamento establezca el andamiaje financiero que permita su puesta en marcha efectiva.