El pasado 21 de diciembre el gobierno de Javier Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) inconstitucional en el que deroga leyes como la de Alquileres, Góndolas, Compre Nacional, Abastecimiento y en el que borra de un plumazo con un sinfín de derechos laborales. En ese marco, era el Congreso el que debía expedirse al respecto y ratificar su validez. Sin Bicameral conformada, con varios reveces judiciales y con el periodo de sesiones ordinarias culminado, el turno sería directamente en el recinto, constató AIM.
Según pudo saber AIM, desde la emisión del DNU, el Gobierno tuvo un plazo de 10 días para enviar el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debía emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, tenía que ser analizado por ambas cámaras.
Cabe destacar que, una vez conformada la Comisión, tenía 10 días hábiles para expedirse sobre la validez y, si no lo hacía, tanto Diputados como el Senado podían analizarlo de oficio.
La conformación de la Bicameral no sucedió y todo se redujo a una puja por los números de legisladores de cada partido, al tiempo que circulaban un sinfín de cautelares judiciales que limitaban el DNU de Milei, aún vigente.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados continúa sin designar a sus integrantes para la Bicameral de Trámite Legislativo encargada de tratar el mega Decreto. A pesar de que los senadores ya han sido elegidos, los diputados aún no han sido designados debido a una disputa entre el oficialismo y el bloque de Unión por la Patria (UP) sobre la cantidad de miembros que le corresponden al kirchnerismo.
Mientras tanto, en el Senado, UP considera que la discusión sobre la Bicameral es antigua, ya que la Ley de DNU establece que la comisión tiene 10 días hábiles para tratar los decretos una vez emitidos, y después de ese plazo, cualquiera de las cámaras puede votar directamente en el recinto. Por esta razón, consideran que la convocatoria a la comisión es una maniobra dilatoria y proponen abordar el decreto directamente en el recinto.
Es importante resaltar que la semana pasada circuló entre tantas versiones la supuesta certeza de que la oposición dura ya tenía número para rechazar el DNU. Incluso la versión decía que ya se le había informado a la vicepresidenta de la Nación que estaba el número para liquidar (en esa cámara) el DNU. Sin dar precisiones sobre dónde encontraría los cuatro votos que le faltan a UP.
Mientras tanto, el interbloque de senadores de Unión por la Patria -con la firma de todos sus miembros- solicitó por tercera vez a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para el tratamiento del mega DNU 70/23 sobre desregulación de la economía.
Ahora bien, vencido el plazo para que sea tratado en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no se conformó, la principal oposición insiste con someter el decreto a votación en el recinto, donde se encuentra a cuatro votos para poder rechazarlo.
Desde UP habían pedido una sesión para el 1 de febrero y otra para este jueves 15. Sin embargo, ninguna fue convocada por Villarruel. La nueva fecha que solicitan es para el próximo viernes 23 de febrero, día en que está estimado se realice en la Cámara alta la sesión preparatoria prevista por el reglamento.
“Considerando que todos los plazos establecidos por la Ley 26.122 se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este H. Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del Decreto”, agregaron y expresaron que se encuentran “a la espera de una pronta respuesta” por parte de la vicepresidenta.
Por su parte, Villarruel se encuentra en un brete. Sabe que el kirchnerismo, con 33 senadores, está a tan sólo cuatro votos de tener mayoría absoluta para aprobar lo que quiera; y que Milei tampoco ayuda con sus ataques a los bloques dialoguistas. Es sabido que su camino en el Senado pende de un hilo, evitando el golpe político de la derogación del DNU.