El presidente Javier Milei firmó el Decreto 651/2025, mediante el cual vetó la Ley 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica, proyecto que había sido sancionado por el Congreso con una amplia mayoría.

Esa ley apuntaba a reforzar el financiamiento de los hospitales pediátricos, especialmente del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, y de las residencias médicas nacionales.

Qué proponía la ley

-Reasignación presupuestaria para insumos críticos, medicamentos, vacunas, mantenimiento de infraestructura, tecnologías médicas y bienes de uso necesarios para los hospitales pediátricos.

-Recomposición salarial del personal de salud dedicado a pediatría, tanto asistencial como no asistencial, y actualización considerando funciones críticas.

-Reconocimiento del Garrahan como hospital de referencia nacional en salud pediátrica de alta complejidad.

-Exención del pago del impuesto a las Ganancias para cierto personal en condiciones críticas (guardias, horas extras, trabajos esenciales).

Argumentos del gobierno

El Ejecutivo justificó el veto señalando que la ley:

-Carece de un financiamiento genuino y posee ambigüedades en su redacción, lo que facilitaría arbitrariedades.

-Podría generar distorsiones salariales al privilegiar ciertos sectores del personal de salud frente a otros.

-Comprometería la estabilidad fiscal nacional y la de las provincias.

-Implicaría una pérdida en ingresos fiscales (por la exención de Ganancias) que el Tesoro no puede asumir, según sus cálculos.

En el decreto oficial también se afirma que el Hospital Garrahan ya es por sus resultados un centro de referencia nacional, por lo que —desde el punto de vista del Ejecutivo— declarar formalmente su emergencia resultaría innecesario.

La situación real del Garrahan y del sistema pediátrico

Se estima que más de 240 profesionales dejaron el Garrahan ante la falta de mejoras salariales y el desgaste laboral.

Médicos residentes, enfermeros y otro personal especializado denuncian pérdida del poder adquisitivo, atrasos en los pagos, guardias no remuneradas correctamente y jornadas de trabajo altas.

Las condiciones de infraestructura, insumos y equipamiento en muchos hospitales pediátricos están en crisis: falta de reagentes, retrasos en la compra de materiales esenciales, deterioro edilicio, y sobrecarga de pacientes en efectores públicos.

Consecuencias que podría generar el veto

El rechazo del financiamiento adicional pone en riesgo la continuidad o mejora de tratamientos especializados, cirugías complejas, trasplantes pediátricos y atención de enfermedades poco comunes que requiere tecnología médica, insumos especiales y personal altamente capacitado.

Además, agudiza la fuga de profesionales de salud hacia el sector privado o la emigración, al no ofrecer condiciones laborales dignas ni salarios que acompañen el costo de vida y la inflación, y empeora la desprotección de sectores vulnerables: familias sin cobertura privada, zonas con menor infraestructura hospitalaria, regiones alejadas del centro del país.

Vetar una ley que tiene por objetivo dar herramientas mínimas para sostener la salud pediátrica no es sólo una cuestión técnica o fiscal: implica una decisión política con un costo humano concreto. Cuando el argumento central del Ejecutivo recae en el “equilibrio fiscal,” se omiten los efectos tangibles sobre la vida de miles de niños, adolescentes y sobre los trabajadores que sostienen el sistema bajo tensión.

Además, la argumentación gubernamental de que no hay fondos “genuinos” o que la ley es arbitraria en su redacción debe enfrentarse con la evidencia de lo que el sistema ya está sufriendo: brechas salariales enormes, falta de insumos críticos, demoras que tienen impacto clínico, y la urgencia asumida por distintos bloques legislativos.

Finalmente, aunque el Ejecutivo destaca que el Garrahan ya es hospital de referencia nacional, eso no garantiza ni solventa solo las necesidades económicas, de personal ni las demandas de quienes dependen del sistema público, muchas veces sin alternativa privada.

Declarar algo formalmente como emergente no es un lujo, sino una herramienta legal que habilita dotar de recursos rápidos, asignaciones presupuestarias urgentes, controles especiales, y compromisos de cumplimiento que una gestión normal no suele priorizar.