Con recursos naturales estratégicos y condiciones excepcionales para la generación de energías limpias, Argentina busca posicionarse como proveedor global de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Según pudo saber AIM, un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional propone incentivos fiscales, estabilidad tributaria y un marco jurídico específico para captar inversiones internacionales y dinamizar una industria clave para la transición energética global.
La iniciativa legislativa, a la que tuvo acceso AIM, promueve un régimen de promoción para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno, con foco en la exportación y el aprovechamiento del potencial eólico, solar e hídrico del país.
Supo AIM que el texto contempla beneficios fiscales por 30 años, flexibilización de requisitos de inversión y un sistema de certificación alineado con estándares internacionales.
Un mercado global en expansión
De acuerdo a lo que se informó a AIM, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que la producción mundial de hidrógeno superará los 140 millones de toneladas en 2030, mientras que la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) proyecta que cubrirá hasta el 14 por ciento de la demanda energética en 2050. En ese escenario, países como Alemania, Japón y Corea del Sur planean importar más del 50 por ciento de su consumo, lo que abre oportunidades para proveedores emergentes como Argentina.
El país se perfila como un actor relevante por sus ventajas comparativas: vientos de clase mundial en la Patagonia, altos niveles de irradiación solar en el NOA y Cuyo, acceso a agua dulce y salada para la electrólisis, y disponibilidad territorial para megaproyectos. Sin embargo, la competencia internacional —con Chile, Australia y Marruecos a la cabeza— exige una rápida adecuación normativa.
Claves del proyecto legislativo
Según pudo saber AIM, el régimen propuesto contempla:
Estabilidad tributaria por 30 años: garantía contra nuevos impuestos o incrementos sobre los existentes.
Ampliación del plazo para ingresar al Rigi: de dos a tres años, con posibilidad de prórroga.
Flexibilización de requisitos de inversión: considerando que los proyectos requieren entre cinco y ocho años desde la fase de factibilidad hasta la operación.
Certificación internacional: para garantizar trazabilidad, sustentabilidad y acceso a mercados como la Unión Europea.
Uso de infraestructura existente: con facilidades para adaptar gasoductos, redes eléctricas y puertos.
Desde el Congreso, se indicó a AIM que el objetivo es dotar al sector de las condiciones económicas y jurídicas necesarias para inversiones de gran escala, en un contexto en que el financiamiento internacional está mirando hacia proyectos de bajas emisiones.
Una apuesta estratégica
Supo AIM que un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) estima que el país podría captar más de 15.000 millones de dólares en inversiones hacia 2030, con exportaciones anuales por encima de los 5.000 millones. Esto generaría miles de empleos, desarrollo industrial, infraestructura logística y divisas genuinas.
Además, el proyecto promueve el desarrollo de tecnología nacional: fabricación de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría insertar a Argentina en las cadenas de valor global con mayor valor agregado.
Riesgos y desafíos
“El hidrógeno no es solo una nueva fuente energética: es una herramienta para transformar la matriz productiva del país”, señalaron los autores del proyecto a AIM. No obstante, advirtieron que la ventana de oportunidad es limitada, y si Argentina no ofrece condiciones competitivas pronto, el capital internacional optará por destinos más previsibles.
Finalmente, se informó a AIM que el proyecto también contempla la articulación con provincias y municipios, la implementación de normas de seguridad, y la actualización de la Estrategia Nacional del Hidrógeno. En definitiva, una apuesta por consolidar un nuevo vector de desarrollo económico y ambiental para las próximas décadas.