A último momento y al filo del plazo legal, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941/25 que introduce cambios sustanciales en la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) y reformula aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. La decisión desató un debate político y jurídico que promete convertirse en uno de los ejes conflictivos de la agenda legislativa de febrero, supo AIM.

La medida, firmada por el presidente y su Gabinete, ingresó por mesa de entradas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y deberá ser analizada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, aún sin constituir. Esa comisión tendrá 10 días hábiles desde este viernes para dictaminar; si no lo hace, ambas cámaras deberán tratar el decreto de inmediato, constataron a AIM fuentes parlamentarias.

Controversia por forma y fondo

La reforma impulsada por DNU busca reorganizar el Sistema de Inteligencia Nacional, redefinir funciones, crear nuevas agencias internas y ampliar facultades operativas, entre ellas la inclusión de tareas de contrainteligencia y la posibilidad de que personal especializado realice aprehensiones en determinadas circunstancias, algo no previsto tradicionalmente en la legislación vigente.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa moderniza el sistema y responde a desafíos contemporáneos de seguridad, eficiencia y coordinación institucional. Sin embargo, sectores de la oposición y constitucionalistas advierten que modificar una ley sensible de esta naturaleza por decreto, y sin debate previo en el seno del Congreso, tensiona la división de poderes y reduce el control democrático sobre actividades estratégicas, supo AIM y constataron analistas legales.

Legisladores de bloques opositores ya anticiparon un febrero caliente en el Congreso, con pedidos de informes, exigencias de tratamiento inmediato en ambas cámaras y planteos de rechazo al decreto. En particular, cuestionan la declaración de que “todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto”, lo que, según críticos, podría profundizar la opacidad en un área históricamente reservada y regulada.

Plazos, estrategia y escenario legislativo

La Bicameral de Trámite Legislativo —órgano encargado de pronunciarse sobre los DNU— aún no fue conformada tras la renovación de las cámaras, por lo que su constitución será un paso clave para el avance del análisis. Hasta entonces, el reloj parlamentario sigue corriendo y el 29 de enero se perfila como la fecha límite para la emisión de un dictamen. Si no lo hay, ambas cámaras deberán someter a votación la validez del DNU.

Pese a las críticas, el oficialismo confía en contar con el respaldo suficiente para sostener el decreto —o al menos prevenir su rechazo en una de las cámaras— apelando a mayorías parciales, señalaron a AIM referentes parlamentarios allegados al Gobierno.

Debate abierto y futuro incierto

La discusión sobre el DNU 941/25 no se limita al calendario y los procedimientos: también pone en foco la legitimidad de las normas de inteligencia, los mecanismos de control civil, la protección de derechos fundamentales y el rol del Congreso como árbitro de reformas sensibles.

Mientras tanto, organizaciones civiles y expertos constitucionalistas analizan vías judiciales contra el decreto y redoblan la presión política para que el debate deje de ser un trámite técnico y se convierta en un ejercicio de transparencia legislativa, informaron a AIM fuentes de la oposición.

La reforma de la Side, llegada por decreto y con plazos ajustados, promete ser uno de los primeros grandes exámenes para el Gobierno y el Parlamento en lo que resta de esta temporada de sesiones, con implicancias que podrían trascender lo estrictamente institucional.