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Política
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Justicia Legítima se adhirió a la marcha contra la corte del #1F

La Asociación Civil Justicia Legítima manifestó su apoyo a la movilización del 1° de febrero convocada por organizaciones sociales y de abogados frente al Palacio de Tribunales de la Capital Federal y exigió la "urgente democratización" de la Corte Suprema

La Asociación Civil Justicia Legítima manifestó hoy su apoyo a la movilización del 1° de febrero convocada por organizaciones sociales y de abogados frente al Palacio de Tribunales de la Capital Federal para "expresar su hartazgo ante una Administración de Justicia degradada" y exigió la "urgente democratización" de la Corte Suprema.

"Justicia Legítima expresa su decidido apoyo a la Marcha #1F que viene organizándose por iniciativa de numerosas personalidades, organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales, feministas, de juristas, de ciudadanes damnificades, con el objetivo de expresar su hartazgo ante una Administración de Justicia degradada hasta límites nunca vistos", informó en un comunicado.

Asimismo, argumentó que su participación en la marcha busca "expresar el repudio popular y peticionar colectivamente a las autoridades la urgente Democratización de la Justicia con perspectiva de género".

Otra de las demandas son "el fin del Lawfare, la reformulación de la instancia más alta del Poder Judicial, verdadero y último sustento de esas prácticas judiciales cuya gravedad se devela día a día con mayor intensidad".

Justicia Legítima destacó que el Poder Judicial cometió "aberraciones jurídicas" entre las que mencionan "el traslado o expulsión ilegal de jueces, las prisiones preventivas ilegales, las causas paralelas, la elección arbitraria de tribunales, los vínculos espurios con los servicios de inteligencia, el espionaje ilegal, las sincronizadas visitas de jueces al anterior presidente Macri, la desvergonzada protección a todo funcionario del anterior gobierno" entre otras.

Señaló, por último, que estas acciones fueron realizadas con "el apoyo y complicidad de los medios hegemónicos" y destacó que sus "filiales de todo el país reportan un masivo estado de preparación y entusiasmo" para movilizarse el 1 de febrero. "Pero esa jornada del 1F no se agotará el 2 de febrero, de eso no tenemos dudas", adelantaron desde Justicia Legítima.

En tanto, Luis D'elía, otro de los dirigentes que adhieren a la movilización, se mostró este lunes con el juez Juan Ramos Padilla, organizador de la jornada del 1 de febrero. D'elía compartió una foto en Twitter junto a Ramos Padilla y al gremialista de la CTA Autónoma Daniel Jorajuria.

"Reunidos con Juan Ramos Padilla y Daniel Jorajuria (CTA Autónoma) cerrando los últimos detalles del acto del 1 F a las 18 hs en Plaza Lavalle donde exigiremos la renuncia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió D’Elia en su Twitter junto a una foto de los tres abrazados y sonrientes.

Contramarcha

Como respuesta, un grupo de más de 120 profesores y abogados de todo el país, que mostró su preocupación mediante un comunicado ante la “embestida institucional” del Gobierno contra el Poder Judicial, convocó a una contramarcha dos días después. Es organizada por abogados y profesores de derecho de todo el país para el 3 de febrero.

La propuesta fue liderada por el abogado y docente de derecho constitucional, Diego Hernán Armesto, quien explicó a LA NACION que la marcha nació para “defender la institución de la Corte Suprema, la República y la Constitución Nacional”. “Consideramos que existe un pronunciamiento muy claro del Poder Ejecutivo y actores de la política cercanos al poder que intentan socavar los poderes instituidos de la República”, soslayó.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, señaló que esta marcha “genera un impacto gravísimo en la sociedad. Gran parte de la sociedad repudia este tipo de maniobras”. Explicó que “cuando se ataca tan vehementemente al Poder Judicial, se está sembrando la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no”. Sostuvo que el acto “debería ser repudiado y no apoyado por Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria”.

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