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Política
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La Legislatura busca mayor transparencia en municipios y profundizar la fiscalización de servicios públicos

Se analiza en el parlamento entrerriano un proyecto de Ley que busca dotar a los municipios de herramientas para consolidar su autonomía y mejorar diariamente la calidad institucional, confirmó AIM. La iniciativa establece nuevas pautas para el funcionamiento de los Concejos Deliberantes, de acceso a la información pública y de fiscalización a quienes exploten concesiones de servicios públicos.

Se aprobó en la Cámara de Senadores y pasó a la Cámara de Diputados un proyecto con reformas parciales a la Ley de municipios de Entre Ríos.

Los cambios “buscan ser útiles a los gobiernos locales”, aseguró el senador de Concordia y presidente del bloque oficialista en la Cámara Alta, Armando Gay, quien aclaró que la norma no introduce “reformas copernicanas, sino que son herramientas y facultades que darán solidez a la autonomía de los municipios”.

En ese marco, explicó que “se autorizará a extender el período legislativo, que coincide con las necesidades y realidad de cada municipio, en sintonía con la Legislatura provincial y se aclaró el voto del vicepresidente primero del Concejo; el Boletín Oficial de cada municipio podrá ser en soporte digital, que acelerará el acceso a los vecinos; y se prevé que en caso de destitución del contador municipal o tesorero se realizará previo procedimiento que garantice el ejercicio de derecho de defensa, respetando las garantías constitucionales”.

Además, indicó que se avanza en el derecho constitucional al acceso a la información pública, por lo que “se agregó el estado de cuenta municipal que deberá estar disponible en forma digital y se puso plazo a la respuesta de pedidos de informes”.

También, se determinó que todas las personas físicas o jurídicas que exploten concesiones de servicios públicos deberán ser fiscalizadas por funcionarios del municipio, aun cuando en el título constitutivo de la concesión no se hubiere previsto esa facultad de contralor, “porque, fundamentalmente, sabemos que los servicios públicos locales, cuando están en manos de terceros, automáticamente generan una responsabilidad política y social”.

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