Tras una serie de triunfos legislativos en el último mes, la oposición prepara una nueva embestida contra el Gobierno: esta semana intentará aprobar en la Cámara de Diputados la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, establece que el rechazo de una sola Cámara bastará para anular un DNU y fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento.
Un freno al hiperpresidencialismo
La propuesta también prohíbe la emisión de decretos “ómnibus” sobre materias múltiples, como el polémico DNU 70/2023 de desburocratización del Estado, que permanece pendiente de debate a casi dos años de su promulgación. “El Gobierno pretende gobernar por decreto. Si no se limita, el Congreso queda reducido a un rol testimonial”, advirtió un diputado opositor.
El objetivo de los bloques es avanzar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, en el que el oficialismo espera mejorar su representación parlamentaria.
Agenda cargada en Diputados
La sesión de esta semana incluirá otros proyectos de alto voltaje político. Entre ellos, dos reclamos de gobernadores:
La modificación del reparto del impuesto a los combustibles líquidos.
Un cambio en la forma de pago de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que pasarían a transferirse de manera diaria junto a la coparticipación.
Ambas medidas cuentan con media sanción del Senado y son motivo de fricciones permanentes entre las provincias y la administración nacional.
Interpelación y tensión con el jefe de Gabinete
En paralelo, el interbloque Desarrollo y Coherencia —que reúne a los exlibertarios Marcela Pagano y Oscar Zago— impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Entre los cuestionamientos, señalan el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y acusan al funcionario de “haber puesto en crisis la división de poderes”.
Presupuesto en la mira
Además, los bloques opositores avanzan en un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para fijar un cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026. Buscan evitar que, como ocurrió en 2024, el debate quede empantanado y sin dictamen.