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La organización ambiental Cauce repudió el espionaje ilegal de la AFI

La Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Causa Ecologista, expresó su rechazo y repudio al espionaje ilegal llevado a cabo por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y se solidarizó con quienes fueron ilegalmente espiados durante la gestión pasada.[{adj:82712 alignright}]

En el listado de personas ilegalmente investigadas, se encuentran periodistas, políticos, académicos y dirigentes sociales, entre ellos, integrantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Poder Ciudadano, entidades con las que Cauce viene trabajando en distintas temáticas ambientales y sociales.

“Es inaudito e inaceptable que sucedan este tipo de prácticas desde una agencia del Estado, por eso repudiamos enérgicamente este accionar. Lamentablemente estas conductas demuestran su incapacidad de ser garante de derechos humanos y de la libertad de expresión especialmente”, expresó Valeria Enderle, directora ejecutiva de Cauce.

Ante esta situación, la abogada y dirigente ambientalista no sólo se solidarizó con las personas espiadas por la AFI, sino que bregó para que los responsables de estos hechos sean investigados y sancionado con el rigor de la ley. “Como organización promovemos la construcción de lazos de confianza sociales para que todas las personas podamos continuar con nuestro trabajo y así poder expresarnos libremente en defensa de los bienes comunes”, enfatizó.

Del listado de personas ilegalmente investigadas, figuran: María Marta Di Paola, Enrique Maurtua Konstantinidis y Pía Marchegiani, quienes en representación de FARN, participaron de instancias de discusión planteadas tanto en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se realizó en Buenos Aires en diciembre de 2017, como también de encuentros del G-20 durante 2018, además de formar parte del grupo de Sociedad Civil 20 (C20), espacio institucional oficial para el intercambio que propone este foro internacional.

A través de un comunicado, la entidad consideró que la investigación llevada a cabo por la AFI “constituye una práctica ilegal inaceptable en un contexto democrático. Todo accionar de la Agencia debe, por el contrario, ajustarse de forma estricta a lo que dispone la Constitución Nacional; esto es, respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de publicación de ideas sin censura previa, entre otros de fundamental importancia para la protección del derecho al ambiente sano, tales como el libre acceso a la información pública y la participación ciudadana”.

“La democracia en general y la democracia ambiental en particular deben garantizar el ejercicio de derechos sin miedo a represalias; un espionaje como este podría, por el contrario, amedrentar a las personas, hacer que se abstengan de emitir opiniones críticas o disruptivas que permitan repensar la organización de la sociedad y/o la orientación del desarrollo a los que debe aspirar la Argentina”, se indicó desde FARN, al tiempo que expresó “su más enérgico repudio al espionaje ilegal realizado por la AFI tanto contra los integrantes de su equipo de trabajo como contra periodistas y colegas de otras organizaciones sociales”.

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