Desde mediados de los años 70 del siglo XX el pueblo argentino viene sufriendo las consecuencias de un saqueo constante de sus riquezas y del esfuerzo de su trabajo. Saqueo que se multiplica y profundiza de manera cíclica, con caídas más profundas en momentos de crisis estrepitosas. Crisis que se superan luego con esfuerzo, pero que nunca alcanzan a recomponer todo lo destruido y jamás a recuperar lo perdido. Por Luis Lafferriere (*)

La última dictadura cívico-militar inició el largo camino hacia el abismo, con una política que hirió de muerte el modelo económico social vigente hasta entonces (denominado ISI –industrialización por sustitución de importaciones-), dejando una herencia a los futuros gobiernos democráticos, que luego del impasse de la agonía del radicalismo alfonsinista dio lugar a la demolición y la muerte del viejo modelo por parte del justicialismo menemista, sentando las bases de una nueva etapa del capitalismo dependiente en la Argentina.

En el camino quedaron la fuga masiva de capitales de la dictadura (más de 50 mil millones de dólares) con la herencia de una deuda fraudulenta avalada ilegalmente por los gobiernos posteriores; el ‘dolarazo’ y el golpe de mercado contra Alfonsín; la nueva y masiva fuga de capitales durante el menemato; la explosión de fines de siglo que terminó con el gobierno de la Alianza, y el mega saqueo perpetrado por la banca y las corporaciones, con un vaciamiento financiero organizado conjuntamente por Cavallo, los banqueros y el FMI (vaciamiento fraudulento comprobado por una comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados de la Nación, que sin embargo no generó ninguna medida oficial para reparar, atribuir responsabilidades o juzgar a los responsables).

Nuevo siglo, más saqueos

Superada la profunda crisis de cambio de siglo, se desplegará en la Argentina dependiente un nuevo modelo económico social, que por sus características denomino neocolonial, concentrador, extractivista depredador, de saqueo y corrupción. La democracia se consolidará al servicio del nuevo modelo, es decir al servicio del proyecto dominante de quienes detentan el poder real, y la partidocracia sólo luchará en las elecciones para definir quiénes serán los capataces que han de administrar el Estado para garantizar la continuidad esencial de ese modelo.

A pesar de la bonanza de la reactivación post 2002, de los extraordinarios precios internacionales de nuestra producción exportable y de haber pasado por un período de enormes ingresos de las arcas públicas, los graves problemas estructurales de la Argentina no se resolvieron y el saqueo de nuestras riquezas continuó sin alteraciones.

La modalidad del saqueo se produce de manera material, vía la extracción depredadora y la exportación de gran parte de lo extraído (por la megaminería, el fracking, los monocultivos transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, etc); y de forma monetaria, vía la remesa de utilidades, el pago de intereses y la fuga de capitales, con dólares que son cada vez más escasos para saciar la voracidad de los saqueadores.

Durante los doce años del justicialismo kirchnerista, el país pagó cifras fabulosas a los usureros internacionales por una deuda fraudulenta que nunca se auditó ni investigó oficialmente (lo reconoció la ex presidenta cuando dijo que fuimos “pagadores seriales”). Y la fuga de capitales alcanzó casi los cien mil millones de dólares. Eso, además de la salida de miles de millones por remesa de utilidades al exterior de las corporaciones extranjeras.

De más está decir que esta orgía saqueadora en beneficio de una minoría de parásitos la debe pagar luego el conjunto de la sociedad, con esfuerzos y sacrificios, que incluyen desempleo, empleos precarios, pobreza generalizada, hambre para millones, crisis en la salud y la educación pública, etc.

La última gran estafa: la inicia Mauricio, la continúa Alberto

En el período diciembre 2015-diciembre 2019 asume la gestión del Estado un grupo de representantes directos del poder económico, que van a dejar a la economía argentina como zona totalmente liberada para el vandalismo de las corporaciones y de la usura financiera. El tan denostado ‘estatismo’, el tan criticado ‘intervencionismo’, se va a poner al servicio de la acumulación desenfrenada de riquezas de unos pocos, a costa del esfuerzo de los argentinos y del saqueo de nuestros bienes comunes.

Será el Estado quien dispondrá de tarifazos de servicios públicos esenciales en beneficio de las distribuidoras energéticas, por más del mil, dos mil y tres mil por ciento; de aumentos dolarizados a las empresas petroleras por la extracción de nuestro propio petróleo y gas a costos ínfimos; y dejará libertad total para la fijación de precios en mercados supuestamente ‘libres’ a monopolios y oligopolios que se harán un festín con aumentos de precios imparables (que terminan el 2019 con la inflación más alta de los últimos 28 años).

Todo eso lo paga el conjunto de la población con la pérdida de su calidad de vida, con caídas sistemáticas de sus ingresos, con deterioro del salario real y de los haberes de los jubilados, con la dramática disminución del consumo de bienes y servicios esenciales, como es el caso de los alimentos, los medicamentos, el gas y la electricidad.

Pero además, el tan denostado ‘intervencionismo estatal’ de Mauricio y su pandilla armó una arquitectura pública para garantizar rentas fabulosas a los usureros (muchos de ellos funcionarios y amigos del poder) a través del endeudamiento y la emisión de dinero por el Banco Central.

El mecanismo de tomar deuda vía Lebac, Leliq y pases activos, llevó al Banco Central a garantizar rentas por tasas de interés superiores al 40, 50 y hasta más del 70 por ciento anual, ante un endeudamiento que superaba los dos billones de pesos. Eso les garantizaba a banqueros y usureros varios, poder obtener rentas por cientos de miles de millones de pesos al año (sin mover un dedo y muchas veces sin poner siquiera un peso de su propio bolsillo).

El mecanismo de saqueo interno por parte de las grandes corporaciones y del capital usurero (y a costa del sacrificio de los argentinos) permitía acumular inmensas fortunas en pesos argentinos. Pero los saqueadores necesitaban dólares para llevar su botín al exterior. Como los dólares no alcanzaban, el gobierno de Macri tomará deuda en dólares para abastecer la demanda de los saqueadores.

Así, lo que entraba por una puerta (del Estado), se lo fueron llevando por otra puerta (los privados). Los ‘inversores’ acumulaban fortunas inmensas en pesos y el Estado los abastecía luego con dólares baratos, para que se las llevaran afuera. Hubo entonces episodios de saqueos y posteriores devaluaciones del peso, como consecuencia de esos saqueos. Pero mientras tanto, los saqueadores fugaban montos enormes. Sucedió desde el 2018, cuando se entregaron decenas de miles de millones de dólares a veinte pesos, luego a cuarenta, hasta que se acabaron (hoy, un argentino de a pie que quiera comprar unos dólares para ahorrar debe pagar más del doble).

En el ínterin, cuando los ‘inversores’ vieron la dificultad futura para recuperar los dólares que traían para volverlos multiplicados, se interrumpió el endeudamiento con privados. Pero continuó la repudiable bicicleta financiera. ¿Cómo era posible? ¿Qué podían hacer con las ganancias fabulosas todavía en pesos de los grandes inversores usureros, si se estaban agotando los dólares?

Aparecerá entonces el generoso Fondo Monetario Internacional, quien por orden de Trump otorga a nuestro país un préstamo en violación de sus propios estatutos, (y acordado por Macri en violación de nuestra constitución), para lograr un doble objetivo: abastecer a la Argentina de nuevos dólares para que continúe la fuga, y evitar la explosión de dólar de manera de favorecer la estabilidad y la reelección de Macri. Llegará así un préstamo del FMI por más de 56 mil millones de dólares, de los cuales ya se desembolsaron más de 44 mil millones de esa moneda.

De acuerdo a la denuncia penal realizada por Claudio Lozano contra Macri y otros funcionarios de su gobierno, durante el período que ingresaron los 44 mil millones de dólares del FMI, hubo una fuga de capitales de más de 36 mil millones. A fines de noviembre de 2019 solo quedaban disponibles un poco más de mil millones de dólares, de ese préstamo irregular y corrupto recibido por la Argentina.

Como saldo de esa gestión, la deuda pública del Estado nacional se incrementó en casi 130 mil millones de dólares, y los especuladores vía la fuga de capitales se llevaron más de 85 mil millones de dólares.

¿Qué debía hacer el nuevo gobierno?

Además de cumplir con sus promesas de cambiar drásticamente el rumbo de la economía, y recompensar a la mayoría de la población por el deterioro que sufrieron sus ingresos, se esperaba que Alberto Fernández frene la sangría de los saqueadores y lleve adelante una profunda investigación sobre el destino de los recursos por el mayor endeudamiento del país, y por la responsabilidad de los funcionarios corruptos que llevaron adelante las medidas que incentivaron el saqueo (incluyendo la irresponsabilidad del Fondo Monetaria que brindó dólares de manera irregular para que siga la fiesta).

Es decir, el nuevo Presidente sólo debía cumplir con las obligaciones que le corresponden a cualquier gobierno en el marco de la ley vigente. Y por supuesto, bregar por los intereses del conjunto, para devolver aunque sea parcial y gradualmente lo perdido durante la gestión anterior.

Hay que recordar que el saqueo fue posible por dos circunstancias: una, políticas que facilitaron de manera ilegítima la acumulación de riqueza en una minoría, a costa del sacrificio de casi toda la población; y la otra, medidas que brindaron dólares baratos a los que se enriquecieron en peso, para que llevaran sus ganancias al exterior. Con el agregado que cuando los dólares no alcanzaban, endeudaban al Estado (es decir, a todo el pueblo).

¿Qué quiere hacer el gobierno de Alberto Fernández?

A contramano de los intereses nacionales y populares, tomó una decisión estratégica que supone la continuidad esencial del gobierno anterior, esto es: garantizar a los acreedores usureros que la prioridad de sus políticas será el cumplimiento de las obligaciones fraudulentas asumidas por Macri, sin hacer ningún tipo de auditoría, investigación ni denuncia judicial. Máxime considerando que se trata de una deuda impagable en los términos que ha sido asumida.

Y para llevar adelante esa estrategia, decide aplicar las tradicionales políticas de ajuste, donde el Estado tiene que obtener el dinero suficiente para comprar los dólares necesarios y pagar la deuda, ya sea bajando gastos o subiendo ingresos.

¿Cómo lo hace? ¿Bajando gastos superfluos, como los subsidios a grandes grupos empresarios? ¿Subiendo impuestos a los que más ganaron en estos años, incluyendo los que se enriquecieron con la usura y con tarifazos irracionales?

No. La decisión es subir impuestos a sectores medios, y lo más importante, meter mano a los fondos de la Anses y reducir más aun los haberes ya deteriorados de los jubilados y pensionados nacionales (en violación de derechos constitucionales que protegen a nuestros ancianos).

Mientras tanto, se garantizan las tarifas actuales a las distribuidoras de energía, se permiten nuevos aumentos del precio de los combustibles, no se tocan las ganancias de las corporaciones y los bancos, y hasta se elimina del pago del impuesto a las ganancias el interés que obtengan los inversores en plazo fijo y bonos del Estado (impuesto que pagan cada vez más los giles y perejiles de menores ingresos, como los trabajadores autónomos, en relación de dependencia y hasta los jubilados). En resumen, el saqueo que sufrió el pueblo argentino durante el gobierno de Macri, significó un duro golpe a las condiciones de vida de toda la población. Fue una gran estafa que contó con la complicidad parlamentaria y política de los partidos del gobierno y los más importantes de la oposición. Pero el sacrificio, lamentablemente, no concluyó ahí.

Como además se endeudó al Estado para darles dólares baratos a los saqueadores para que se lleven su fortuna afuera, el nuevo gobierno ahora les garantiza no hacer ninguna investigación por esa deuda fraudulenta, y decide poner como prioridad de su gobierno cumplir con el pago de la misma.

Entonces ahora viene el doble sacrificio del pueblo argentino, que el gobierno quiere volcar sobre sus espaldas con las políticas de ajuste, para posibilitar el casi imposible pago de la deuda fraudulenta.

En lugar de cumplir con la promesa de campaña a los jubilados, de que recuperarían el 20% perdido de sus haberes durante la gestión anterior, sacándolo de la ganancia de los bancos; decide sacarles a los jubilados una parte de sus haberes deshilachados, quitándoles el derecho a la recomposición de los mismos ante las pérdidas sufridas por la inflación (sin tocar a los sagrados banqueros). Pero además, se busca profundizar el extractivismo depredador y contaminante en todo el territorio, como garantía adicional de obtención de dólares para pagar la deuda fraudulenta, ilegítima y odiosa asumida por gobiernos títeres del poder concentrado.

Se consuma así la última gran estafa al pueblo argentino, que con infinitos sacrificios y la destrucción de sus bienes comunes debe pagar la fiesta de los saqueadores. Estafa que Macri la inició, Alberto Fernández la continúa… y la pagan los giles de siempre.

Estafa con final abierto… ¿Dejaremos de ser giles?

Sin embargo, no está dicha la última palabra. Pedir más sacrificios a los que menos tienen, sin tocar a los más poderosos, está mostrando que puede colmar la paciencia de los giles. Por más que se trate de atemperar con subsidios a los hambrientos y ocultar con marketing contra el hambre.

La Argentina tiene una sociedad de apenas 45 millones de personas, y posee uno de los territorios más privilegiados del planeta, por la cantidad de riquezas para producir alimentos sanos, insumos variados, energía limpia y sustentable, que debería brindar a todos una adecuada calidad de vida. Tenemos muchas potencialidades para potenciar el trabajo de un pueblo que merece y puede mucho más.

Está en todos nosotros la decisión de aceptar pasivamente un destino sin futuro o, en cambio, salir de nuestros espacios de comodidad para comenzar con más participación y compromiso a construir una democracia real, una economía más solidaria y sustentable, y un proceso de transición hacia otra sociedad mejor para todos. Pero para eso, el comienzo es resistir las políticas de ajuste y la continuidad esencial del modelo extractivista depredador. Ya hay muestras de la capacidad de nuestro pueblo para buscar ese nuevo rumbo.

(*) Luis Lafferriere – Docente universitario y director del Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable”, carrera de Comunicación Social de la UNER / Miembro de la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres y del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina.