Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) de Entre Ríos “denunciamos la falta de respuesta frente a la grave emergencia alimentaria que atraviesan miles de familias en nuestra provincia”, dijo a AIM la dirigente social Tamara Berales.

La Utep convocó para este martes a una jornada nacional de asambleas en todo el país frente a los distintos ministerios de Trabajo, para debatir y organizar la resistencia frente a las políticas del gobierno de Javier Milei y plantearon reclamos a los distintos gobiernos provinciales.

En Entre Ríos: “La fila de nuestros comedores y merenderos se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la crisis social que atraviesa nuestra provincia. Una emergencia no se mide únicamente en estadísticas, sino en las mesas vacías, en las familias que reducen comidas, en jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentarse, en trabajadores que no encuentran trabajo y en niños y niñas que dependen de los espacios comunitarios para acceder a una taza de leche”.

“Resulta dudoso, y es de remarcar que las organizaciones nucleadas en la Mesa contra el Hambre propusimos a través de la Ley de Emergencia Alimentaria el relevamiento de nuestros espacios como política que permita visibilizar, reconocer y acompañar a quienes desarrollamos tareas comunitarias en la Provincia; y que haya sido el propio oficialismo quien retiró ese punto y no permitió que sea parte del proyecto que luego se aprobó y fue ley hasta el año 2025. Hoy, utilizan esa misma herramienta como método de persecución, traba burocrática y decisión para no entregar los alimentos”, denunció.

Desde Utep, “creemos en el ordenamiento, la transparencia y la necesidad de consolidar datos para la construcción de políticas públicas, por eso hemos presentado continuamente la documentación solicitada”.
A casi tres meses, de la falta de entrega de los alimentos, “nos preocupa profundamente, estas exigencias que resultan excesivas e innecesarias para garantizar la entrega, que se soliciten cada vez más datos de quienes atraviesan situaciones de necesidad y sean menos las respuestas concretas del Estado”.

“Cuando se pone más esfuerzo en controlar a quienes necesitan comer que en garantizar el derecho a la alimentación, lo que se administra no son recursos: se administra la exclusión”, remarcó Berales.

“Las decisiones políticas llevadas adelante por el gobernador Rogelio Frigerio y su funcionarios y funcionarias, Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano; Miguel Heft, secretario de Seguridad Alimentaria; y Soledad Solanas; impactan y afectan directamente en la vida de miles de niños, niñas, adultos mayores y trabajadores de la economía popular”.

“No pueden seguir guardando silencio frente a una situación que golpea directamente a miles de familias entrerrianas”, expresó.

Desde Utep exigieron: “La inmediata regularización de la entrega de alimentos para comedores y merenderos; un cronograma público de distribución que garantice previsibilidad; explicaciones urgentes sobre los motivos de esta interrupción; el sostenimiento efectivo de la emergencia alimentaria en toda la provincia; políticas públicas que fortalezcan el trabajo comunitario en lugar de perseguirlo y burocratizarlo. Los barrios populares no pueden esperar más”.