El proyecto de ley de lobby impulsado por el Gobierno nacional volvió a recibir fuertes cuestionamientos en la Cámara de Diputados, donde representantes de organizaciones civiles, entidades empresarias, especialistas y fundaciones coincidieron en señalar que la iniciativa presenta problemas de diseño que podrían afectar la participación democrática y generar sanciones desproporcionadas, supo AIM.

Según pudo saber AIM, durante una nueva reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General prácticamente no hubo expositores que respaldaran sin objeciones el texto enviado por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, se reiteraron advertencias sobre definiciones ambiguas, cargas burocráticas excesivas y posibles restricciones a la actividad de organizaciones sociales.

Una regulación que genera preocupación

La iniciativa busca regular la denominada "gestión de intereses" ante funcionarios públicos, pero diversos sectores advirtieron que la redacción actual podría abarcar actividades mucho más amplias que el lobby tradicional.

Según se planteó durante el debate parlamentario, la falta de precisión sobre quiénes serán considerados gestores de intereses podría terminar alcanzando a organizaciones civiles, instituciones académicas, fundaciones, asociaciones profesionales e incluso ciudadanos que participen en discusiones de políticas públicas.

Fuentes que participaron de la reunión indicaron a AIM que una de las principales preocupaciones gira en torno a la amplitud de los conceptos utilizados en el proyecto, ya que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales.

Cuestionan las sanciones penales

Otro de los aspectos que concentra las críticas es el régimen sancionatorio previsto por la iniciativa oficial.

Representantes de distintos sectores señalaron que el proyecto incorpora castigos que consideran excesivos para conductas vinculadas a la representación de intereses y remarcaron que no existen antecedentes similares en la región.

Según pudo reconstruir AIM, varias exposiciones coincidieron en advertir que la amenaza de sanciones penales podría desalentar la participación de organizaciones y ciudadanos en el debate público.

La preocupación es compartida tanto por entidades empresarias como por organizaciones sociales, aunque por motivos diferentes. Mientras las cámaras empresariales advierten sobre dificultades operativas y exigencias difíciles de cumplir, las organizaciones civiles temen que la norma termine limitando su capacidad de incidencia en asuntos de interés público.

"No todos los actores juegan con las mismas reglas"

Uno de los planteos que se repitió durante la reunión fue la necesidad de diferenciar claramente entre el lobby corporativo y la actividad que desarrollan organizaciones sin fines de lucro.

Según expresaron varios expositores, las asociaciones civiles no cuentan con los recursos económicos ni las estructuras administrativas de grandes empresas o grupos de interés corporativos, por lo que imponerles las mismas obligaciones podría generar una barrera para su participación.

Desde distintos sectores también señalaron que la propuesta no contempla adecuadamente la representación de intereses colectivos, una situación que, según afirmaron, afecta especialmente a organizaciones vinculadas a derechos humanos, ambiente, salud, educación y transparencia.

Alertan por el impacto sobre organizaciones y periodismo

Durante el encuentro también surgieron cuestionamientos vinculados a la relación que el proyecto establece con la cooperación internacional.

Algunos especialistas consideraron que determinados artículos podrían asociar de manera impropia el financiamiento internacional con la representación de intereses extranjeros, una definición que, según manifestaron, podría afectar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Entre las preocupaciones expuestas apareció además el posible impacto que una regulación amplia podría tener sobre el trabajo de periodistas, investigadores y expertos que habitualmente participan en procesos legislativos aportando información técnica o evidencia científica, indicaron a AIM fuente parlamentarias.

El oficialismo convocará a expertos internacionales

Frente a la cantidad de cuestionamientos, el oficialismo resolvió convocar a una nueva reunión informativa con especialistas internacionales de países que cuentan con legislación específica sobre lobby.

La decisión fue anunciada por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien reconoció la necesidad de seguir analizando experiencias comparadas antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.

Según constató AIM, el debate continúa abierto y todavía no existe consenso sobre aspectos centrales de la iniciativa.

Transparencia bajo discusión

Si bien la mayoría de los expositores coincidió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en la relación entre el sector público y los grupos de interés, las críticas apuntaron a que el proyecto podría terminar generando efectos contrarios a los buscados.

Fuentes legislativas consultadas por AIM señalaron que el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre la transparencia de las gestiones ante el Estado y la protección del derecho de organizaciones, empresas y ciudadanos a participar activamente en la vida pública.

Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para transparentar la influencia sobre las decisiones estatales, las voces críticas advierten que, sin modificaciones sustanciales, la norma podría convertirse en un mecanismo que desaliente la participación social y limite el debate democrático.