En una cadena nacional emitida la noche del jueves, el presidente Javier Milei confirmó su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Bcra). Esta iniciativa tiene "como objetivo principal poner fin al financiamiento del déficit fiscal del Estado, fijando límites a la emisión monetaria".

Milei destacó que estas reformas estructurales son “las más importantes de los últimos 91 años”, subrayando la relevancia de lso cambios del Bcra. Según el presidente, esta medida “terminará con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, señalando que la inflación es la manifestación más evidente de dicha estafa.

El mandatario enfatizó que el proyecto busca incentivar la inversión utilizando los ahorros de los argentinos, diferenciándose de las políticas monetarias implementadas en las últimas décadas. “Para que una economía crezca necesitamos inversión; las políticas de las últimas décadas han frenado la inversión”, afirmó.

Además, hizo hincapié en una cifra alarmante: "12.819.532.788,614.400.000%". Aprovechó la oportunidad para criticar duramente a la ex presidenta Cristina Kirchner, recordando que en 2010, con la creación del Fondo del Bicentenario, ella y la entonces presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, “robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que hoy equivalen a 15.000 millones de dólares”.

El presidente desglosó los cinco puntos principales de su proyecto: La misión fundamental del Bcra será preservar el valor de la moneda; se prohíbe taxativamente la financiación del Estado; la remoción del presidente del Bcra requerirá dos tercios de la Cámara de Senadores y de Diputados; se restringe el pago de dividendos; se eliminan las Letras Intransferibles y la Carta Orgánica de 2012.

Además, Milei introdujo el concepto de “grillete fiscal”, una regla fiscal permanente que evitará que Argentina vote o mantenga un presupuesto deficitario. En caso de que el resultado fiscal sea deficitario durante varios meses, el Congreso tendrá un plazo limitado para equilibrar las cuentas. De no lograrlo, se activará automáticamente un “shutdown”, que paralizará actividades no esenciales del Estado, congelará nuevos gastos, detendrá la adjudicación de contratos y frenará las transferencias discrecionales a las provincias.