El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para implementar un mecanismo similar al shutdown de Estados Unidos, con el objetivo de impedir que el Estado continúe ejecutando gastos una vez agotadas las partidas presupuestarias. La iniciativa forma parte del paquete de reformas económicas que impulsa la administración libertaria y buscará endurecer las reglas fiscales.

Durante una entrevista, el mandatario aseguró que la propuesta ya se encuentra en elaboración y sostuvo que el objetivo es limitar de manera estricta el gasto público. "Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo; en realidad, de la política", afirmó.

Un límite al gasto público

Según explicó Milei, el proyecto establecería que, una vez consumido el presupuesto autorizado, el Estado deje de realizar gastos en las áreas no esenciales.

"Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", señaló el Presidente al confirmar que la iniciativa requerirá una ley del Congreso.

La propuesta fue presentada en el marco de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Gobierno también impulsa para reforzar la independencia de la autoridad monetaria y prohibir que financie al Tesoro.

En ese sentido, Milei volvió a insistir con penalizar la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal.

"Emitir podría ser penado porque es una estafa", sostuvo el mandatario, quien planteó que esa conducta debería constituir un delito penal.

Qué es un "shutdown"

El mecanismo toma como referencia el sistema vigente en Estados Unidos, donde un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para mantener operativo al gobierno federal.

En esos casos, las agencias que no cuentan con recursos deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras que los servicios críticos continúan funcionando.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la presidencia de Donald Trump, cuando el gobierno federal permaneció parcialmente paralizado durante 35 días por la falta de acuerdo presupuestario entre la Casa Blanca y el Congreso.

La medida afectó a unos 800.000 empleados federales y provocó pérdidas económicas estimadas en miles de millones de dólares.

Cómo podría aplicarse en Argentina

La implementación de un esquema de estas características requeriría una modificación legal, ya que el sistema presupuestario argentino no contempla un cierre automático de la administración pública cuando se agotan las partidas.

La Ley de Administración Financiera establece actualmente que, si el Congreso no aprueba un nuevo Presupuesto, continúa vigente el del ejercicio anterior con las adecuaciones correspondientes, evitando así una paralización del Estado.

Por ese motivo, la iniciativa que analiza el Gobierno apuntaría a impedir que el Poder Ejecutivo continúe comprometiendo o ejecutando gastos una vez agotado el crédito presupuestario disponible, aunque contemplando excepciones para servicios esenciales.

Una nueva señal del ajuste

El proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de profundizar el ajuste del gasto público y consolidar el equilibrio fiscal como eje de su política económica.

De concretarse, introduciría un mecanismo inédito en la administración nacional, con mayores restricciones para la ejecución presupuestaria y un margen más acotado para ampliar el gasto sin autorización legislativa. El texto aún se encuentra en elaboración y deberá atravesar el debate parlamentario para su eventual aprobación.