Integrantes de diferentes organizaciones sociales advirtieron hoy a los senadores de la Comisión de Legislación General y Asuntos Constitucionales que las reformas propuestas a la Ley de Juicio por Jurados son inconstitucionales, vacían de contenido a la norma y deslegitiman la capacidad del pueblo para juzgar. Además, señalaron que consolida el poder de un grupo “selecto” de jueces “que no quieren compartir el poder de juzgar”, registró AIM.
Las entidades advirtieron a los senadores que el proyecto que se analiza en la Cámara en revisión “recortará derechos para preservar el poder de los jueces”. Lo que se discute “es el retroceso de una de las herramientas revolucionarias de la democracia y, lo peor, es que se hará en la casa de la democracia”, aseguró el presidente de la Asociación Pensamiento Penal distrito Entre Ríos (APP), Miguel Ángel Cullen, quien agregó: “Ustedes quieren recortar derechos. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Cómo en democracia se van a cercenar derechos de esta forma?”. En ese marco, explicó que cuando se impuso “la necesidad de ser juzgados por nuestros pares, se hizo con plena conciencia de que el único titular de los derechos es el pueblo soberano”, y aclaró: “Demoramos 150 años en ponerlo en práctica porque no teníamos democracia, pero no porque los ciudadanos no entiendan si pasó o no el semáforo en rojo un auto”.
Es el retroceso de una de las herramientas revolucionarias de la democracia y, lo peor, es que se hará en la casa de la democracia
Miguel Ángel Cullen, presidente de la APP.
En ese sentido, remarcó que “no es una cuestión técnica, sino dos modelos de justicia: uno que defiende el procurador general, que es el tradicional que se tiene desde la colonia, donde el poder de juzgar está en un grupo selecto; el segundo modelo es el que le da el poder al pueblo, al soberano, para evitar la concentración del poder. Se discute quién juzgará delitos sensibles como los sexuales. Allí, los imputados no son los habituales, sino que tienen poder político, económico o vínculos con el Poder Judicial, que no se anima a juzgar”.
Falta de voluntad e intereses políticos
Este, año, hasta agosto “se realizaron 30 juicios por jurado, es decir, cinco juicios por jurado en Paraná con nueve jueces, lo que es una vergüenza: esto no puede suceder”, afirmó el representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), Elvio Garzón, quien apuntó que Chaco tiene la misma competencia judicial y se implementó desde el mismo año; en esa provincia ya se realizaron 55 juicios por jurado, 449 abreviados y solamente dos pendientes, lo que expone que hay compromiso en Chaco.
Al respecto, advirtió que no hay voluntad del Poder Judicial de implementar la Ley, ya que Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Jorge Amilcar García están “expresamente en contra”. Además, subrayó que el STJ “no quiere perder el poder”, y enfatizó: “El poder que tiene un jurado popular es más sólido y, además, la ciudadanía lo respeta”.
“La sociedad respeta y quiere el juicio por jurado, confía plenamente en el jurado popular. Les digo a todos los miembros de esta comisión que si sancionan esta Ley será inconstitucional. Como ciudadano, les pido que se desprendan de las personas que ocupan el poder hoy: el procurador se irá, quienes ocupan la sala penal se irán, pero las instituciones quedan y el juicio por jurado”, aseveró el juez.
Los jueces no quieren financiar lo que pone en jaque su poder
La presidenta de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer), Carla Cusimano, afirmó que el proyecto “representa un retroceso gigante, es un plan antijuradista hecho desde el Estado” y señaló que “lo que se juega en la justicia tiene que ver con cuestiones superiores a lo presupuestario”.
Para Cusimano, el proyecto del Poder Ejecutivo “se elaboró en función de datos que aporta el Poder Judicial, información que es bastante cuestionable”, y agregó: “Vienen a decir que no hay plata para el juicio por jurado, pero hay plata para viáticos, autos nuevos y un edificio nuevo. En estos cuatro años solo se crearon dos cargos para el Juicio por Jurado; no hay infraestructura; no hay presupuesto. Es una vergüenza enorme que, con el presupuesto que maneja la Justicia, no se financie el Juicio por Jurados. La justicia es un derecho, no un gasto”.
Para la activista, el Poder Judicial en Entre Ríos “enfrenta una crisis de legitimidad que no se resolverá si se sigue teniendo este tipo de comportamientos, que lo único que hacen es negar compartir el poder que tienen los funcionarios judiciales con el juez natural, que es el pueblo; por eso desfinancian el sistema con una operación absolutamente planificada”.