El posible dictamen blue del proyecto de Ley ómnibus “es gravísimo y vergonzoso si realmente fue así”, dijo a AIM Rubén Pagliotto, abogado y militante de la Unión Cívica Radical (UCR), quien señaló: “Es una maniobra deleznable por donde se la mire, atenta contra la voluntad popular, puesto que el interés de unos pocos modifica lo votado en representación de miles”.
En la madrugada se firmó un despacho de mayoría (55 diputados) con disidencias parciales relativas a la llamada Ley Ómnibus. Eso se logró en la madrugada del miércoles (la discusión y acuerdos comenzaron el martes) y ese mismo miércoles después del mediodía aparece otro dictamen, con aspectos y contenidos distintos al acordado y firmado esa misma madrugada. Se advirtieron modificaciones, por ejemplo, en el tratamiento de los biocombustible, el diputado Gutiérrez de Córdoba). Otro diputado, Agost Carreño (PRO) fue convocado a concurrir a un departamento propiedad de Cristian Caram (ex legislador radical sushi, quien fue eyectado por turbios manejos que le valieron una fortísima y pública critica del mismísimo Raúl Alfonsín y hoy devenido en un furioso militante paleolibertario) sito en Recoleta, frente a la Biela, y cuando ingresó lo vio a Federico Sturzenegger (mentor de las Leyes en disputa), ante lo cual se retiró del inmueble donde se llevaba a cabo la reunión que debiose celebrar en el Congreso de la Nación.
“Claro, que si es real que existen diferencias entre el dictamen firmado por acuerdos entre 55 diputados nacionales y el que más de diez horas después se subió a la web oficial del Congreso, estamos en presencia, como denunció la colega Valeria Carreras, de una falsedad ideológica (se consigna en el instrumento que es el despacho un contenido distinto al que fue la real, auténtica y verdadera voluntad de las partes firmantes) y a la par, de la falsificación de un instrumento público (el despacho de mayoría de diputados lo es), lo cual conlleva, sin lugar a dudas, la comisión de delitos (arts. 292 y 293 del Código Penal) con penas que se extienden hasta los seis años de prisión para quienes resulten sus autores”, indicó el abogado a esta Agencia.
En ese sentido, apuntó que “tal como se expuso en la denuncia, habría falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, ‘perpetrados en perjuicio de los intereses de la Nación Argentina, en el marco del debate y el dictamen sobre el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, denominado Ley ómnibus’”.
“Para ser más claro y preciso, el dictamen que se aprobó con el voto de 55 diputados a las 1:39 de la madrugada de este miércoles 24 de enero, en rigor se continuó escribiendo a lo largo de ese día, pero fuera del Congreso. Se trata de una acción completamente irregular que según diputados con años en la cámara baja, ‘constituye un delito’”, remarcó Pagliotto.
Tal como consignó La Política On line que dio la primicia sobre este obscuro hecho al que llamaron “dictámen blue”, el empresario Cristian Caram (secretario del Bloque de Diputados de LLA), puso la casa para que fuera del ámbito institucional los jefes de los bloques aliados, Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados elegidos a dedo, se reunieran para reescribir el dictamen ya votado, que según fuentes al tanto de lo ocurrido, terminó ingresando al Congreso a las 15 de este miércoles. Es decir 14 horas después de votado en el plenario de comisiones.
Esta maniobra “deleznable por donde se la mire, atenta contra la voluntad popular, puesto que el interés de unos pocos modifica lo votado en representación de miles”, remarcó Pagliotto, quien consideró que “queda claro que regulaciones claves sobre zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos importantes de la norma siguieron cambiando durante el día, al ritmo de los distintos lobbies que operaban sobre el departamento de La Recoleta, dieron cuenta numerosos medios que de inmediato se hicieron eco de la infausta noticia, que se suma al álbum de la impudicia que provocaron en el 92 el diputrucho (sentado en una banca cuando se votaba la privatización del gas) y en 2001 la Banelco cuando se discutió la Ley de flexibilización laboral”.
“Muy grave, mejor dicho gravísimo y vergonzoso es lo ocurrido, si realmente fue así. Claro que esto amerita una denuncia penal y muy saludable republicanamente la actitud de la colega que concretó la denuncia ante el servicio de justicia, ya que resulta necesario e impostergable para la salud de la democracia saber si el hecho realmente existió y, en tal caso, quiénes fueron los responsables de tan ominosos actos. Es un escándalo de magnitud y los opacos dirigentes que orbitaron el departamento del bandido de Caram (un personaje nefasto, de lo peor y sin escrúpulos) deben dar cuenta de su oprobiosa y clandestina participación en esas reuniones con entidad delictiva”, subrayó.
En ese marco, dijo que espera que desde la UCR se repudie “con toda energía este acto de enorme e impúdica corrupción. Porque no sólo hay que ‘terminar con el déficit fiscal y la emisión monetaria’ proclamada hasta el empalagamiento por el paleolibertario y su claque de aplaudidores irreflexivos, sino con el superávit de bandidos sin Ley y el déficit de valores republicanos que tienen sometida a nuestra querida Argentina en el flagelo del subdesarrollo”.