La diputada nacional e integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño, Carla Carrizo, pidió explicaciones al ministro de Educación de la nación, Alejandro Finocchiaro, sobre el accionar de la escuela San Miguel Arcángel de Santiago del Estero, y solicitó la sanción del establecimiento, si es que recibe transferencias, por “obligar a sus alumnos de los niveles inicial y primario a marchar como militares, por el 9 de Julio, portando pañuelos celestes en rechazo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se debate en el Senado”.
Carrizo así lo expresó a través de un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación de la Nación, acompañado por una veintena de diputados de todo el espectro político y distintas provincias del país.
Con motivo del 9 de julio, una escuela católica de Santiago del Estero, hizo que todos sus alumnos de jardín, primaria y secundaria usen pañuelos celestes contra el aborto y marchen como militares en un desfile. A través de sus redes sociales, el colegio compartió la frase “al cumplirse 202 años de la Declaración de Independencia de nuestra Patria, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida desde la concepción hasta su muerte natural”.
“Asusta, consterna y preocupa que la escuela no sea el lugar que cuide y haga cumplir la ley 26.061 de protección integral a los niños, que no son objeto de las necesidades religiosas o políticas de los adultos, maestros o directivos. Nada de lo que vimos en ese video, que la propia escuela difundió, tiene que ver con lo que dice la ley nacional de educación, la propia Constitución y el fallo de la Corte Suprema de la nación en 2017, que refiere precisamente al límite y respeto de los establecimientos educativos, públicos o privados, que imponen las leyes nacionales y los principios constitucionales que rigen en el país”, dijo al respecto la legisladora por Evolución.
En este sentido, Carrizo también advirtió que estas prácticas “de ninguna manera tienen que ver con un hecho educativo respetuoso de la libertad y la autonomía”, y que a los niños en la escuela “no se adoctrinan, se respetan y nuestra responsabilidad como representantes del pueblo es velar porque las instituciones no deriven en actos discriminatorios y a su vez garanticen las libertades establecidas en nuestra constitución. Por lo que solicitamos al ministro de Educación de la nación nos informe si recibe transferencias y en caso que así sea se suspendan. El límite a estos abusos en un ámbito púbico, es la fuerza de la ley”, añadió la integrante de la comisión bicameral del Defensor del Niño.
La Ley nacional de educación dice en su artículo 5 que el Estado fija la política educativa y controla su cumplimiento, y en su artículo 8 que la educación debe brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. “Es claro que esta declaración de principios es vinculante para los establecimientos educativos públicos o de gestión privada, laicos o de formación religiosa. De hecho, el artículo 63 de la ley establece que las instituciones educativas de gestión privada deben cumplir con los lineamientos de la política educativa nacional. Se están violando además los artículos 1, 63, 11 (incisos b y c), 30 (inciso a) y el artículo 126, inciso b”; cierra el informe.
Firman este pedido Silvia Lospennato, Samanta Acerenza, Marcelo Wechsler, Daniel Lipovetzky y Yanina Gayol por el PRO; Alejandro Etchegaray, Miguel Bazze, Gustavo Menna, Karina Banfi, Lorena Matzen, Daniel Kroneberger, Alejandra Martínez y Claudia Najul por la UCR; Martín Lousteau y Teresita Villavicencio por Evolución; Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra del Movimiento Evita; la diputada jujeña Carolina Moisés; Victoria Donde por Libres del Sur; y Cecilia Moureau del Frente Renovador.