El sector energético argentino domina un género literario propio, estos son “Los informes que dice todo menos lo que importa”. La nota sobre estrategias contra el fraude y el hurto de energía (apoyada en el estudio de Adelat, el BID y la Universidad de Chile) es una pieza ejemplar de este género. Habla de pérdidas, de gestión del riesgo, de blindaje físico, de fiscalización focalizada, de "regularización e inclusión". Y habla, sobre todo, de un enemigo, el usuario que, con "intencionalidad humana", se cuelga del tendido. Lo único que no dice (porque para eso existen los eufemismos) es por qué cada vez más gente decide colgarse. Por: Alejandro Di Palma*.

Conviene traducir para mejor comprensión del lector, "pérdidas no técnicas" es un modo elegante de referirse a la electricidad que alguien usa “sin pagar”. El estudio las separa con cuidado de las "pérdidas técnicas", aquellas que obedecen a "variables físicas inevitables", y carga la diferencia sobre "el componente de gestión y conducta humana". La frase es impecable y tiene un meta mensaje, el robo de luz no es física eléctrica, es conducta. Y la conducta, a diferencia del efecto Joule, tiene causas sociales. La más obvia, el informe la toca tangencialmente pero inmediatamente la suelta, es la tarifa.

El número que falta
El estudio mide el problema con precisión quirúrgica, pero solo de un lado del mostrador. América Latina y el Caribe pierde el 17% de su generación: US$16.600 millones al año, 120 TWh, un 8% promedio de “pérdidas no técnicas” en la red domiciliaria. Conviene retener ese encuadre, porque no es un dato menor, el 17% es un promedio regional (que abarca 26 países y casos extremos como Jamaica y Paraguay, con mermas superiores al 25%), no la cifra argentina.

Evidentemente, diluir al país dentro de la media latinoamericana tiene una ventaja retórica, permite presentar el "hurto" como un rasgo estructural de la región antes que como la consecuencia de una política tarifaria local y concreta. es, de todos modos, el retrato detallado del damnificado (la distribuidora). falta el otro retrato, el que se describe desde el lado del que "delinque". pero para eso hay que cambiar de fuente.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (uba-conicet), entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la canasta de servicios públicos del amba subió 514% contra una inflación acumulada del 171%. la electricidad, en particular, aumentó alrededor del 344%; el gas, 617%. los salarios registrados, 229%. en el bienio del "sinceramiento tarifario", entonces, la luz corrió al doble de los precios generales y bastante por encima de los sueldos. un hogar promedio del Amba pasó a destinar más de 170.000 pesos por mes solo en servicios.

Ese es el dato que el informe omite, y sin el cual el hurto es poco comprensible.

Las "pérdidas no técnicas" no caen del cielo ni nacen de una supuesta maldad cultural latinoamericana, son la forma que encuentra la demanda de seguir existiendo cuando el precio la expulsa del mercado formal. El propio Joaquín Lazo, de Adelat, lo admite en la última línea, ya sin maquillaje, "son las zonas de menos recursos las que hurtan más electricidad" (casualidad?)

La conducta, después de todo, tiene código postal. y el código postal tiene una boleta.

El reverso del relato
Acá la nota técnica choca de frente con el otro gran relato del momento. El jueves 28 de mayo, en el Latam Economic Forum, el ministro Caputo abrió la jornada (pasadas las nueve de la mañana) asegurando que la gestión "sacó a 12 millones de personas de la pobreza", y desafió a quienes dicen que la gente está peor: "Hay un 25% de la población que está mejor. Esto es un dato duro". Tres horas más tarde, sin que mediara ningún dato nuevo, el presidente Milei subió la apuesta en el mismo escenario: ya no eran 12 millones, sino 14. Dos millones de pobres rescatados entre el café de la mañana y el mediodía.

El Indec, mientras tanto, mide 28,2% de pobreza en el segundo semestre de 2025 y recuerda que 13,5 millones de personas siguen debajo de la línea.

La aritmética ya incomoda. pero el problema no es solo cuántos salieron, sino cómo se mide la salida.

Lo explicó Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA: "La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo". El peso de las tarifas en el presupuesto familiar es hoy mucho mayor que hace dos décadas; la canasta que define la línea de pobreza se reacomoda, y parte de la "salida" estadística no es otra cosa que el registro contable de que ahora se paga lo que antes estaba subsidiado.

Y es ahí donde los dos relatos se tocan en el punto que ninguno quiere ver. EL Informe de adelat mide, sin proponérselo, lo que la estadística oficial disimula.

Si de verdad 12 o 14 millones de personas mejoraron, ¿por qué las "pérdidas no técnicas" se concentran, y crecen, justo en las zonas de menos recursos?

El colgado del cable es el termómetro que la línea de pobreza prefiere no leer: marca, en tiempo real, cuántos hogares ya no pueden pagar la luz al precio "sincerado".

Un país no roba electricidad porque está mejor.

La solución que esquiva el diagnóstico
Fiel a su punto de partida, el estudio propone remedios que no tocan la causa. Medición inteligente, telemedición, analítica avanzada, "fichas de medidas estandarizadas", una taxonomía de tres ejes. Tecnología para detectar al que se cuelga, blindaje para que no pueda, y (tercer eje, el más eufemístico) "regularización e inclusión", que es la forma amable para decir que hay que facturarle al que hoy no paga.

Hasta el cierre tiene su pirueta, contener el fraude se vuelve "un vector indispensable para garantizar la equidad en el acceso al servicio". Esto es, la cobranza, vestida de justicia social.

No hay nada técnico que reprocharle al estudio, es probable que todo lo que dice sobre medidores y detección sea cierto y útil. El reproche es de encuadre. es un manual minucioso sobre cómo cerrarle la canilla a quien roba agua, escrito sin una sola línea sobre por qué el agua se volvió impagable.

Mientras la tarifa siga corriendo al doble del ipc y por encima de los salarios, ningún algoritmo resolverá lo que es, en el fondo, un problema de ingresos disfrazado de problema de conducta.

El mismo lazo lo dijo, casi a su pesar: "el problema del fraude en la electricidad termina siendo un problema social".

Termina, no.

Empieza siendo un problema social. el fraude es el síntoma; el relato de los 12 o 14 millones, su negación.

Y las “pérdidas no técnicas” son, quizás, la única estadística honesta que nos queda, la que se mide sola, cable por cable, sin canasta que la maquille.

* Alejandro Di Palma, Miembro de IESO.