El oficialismo y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, con 28 firmas y seis disidencias, y buscarán tratarlo hoy en el recinto, en el marco de las sesiones extraordinarias. Constató AIM que, detrás del aval parlamentario, el texto consolida un fuerte desfinanciamiento de áreas sensibles como educación, ciencia, discapacidad y salud, que generó un inmediato rechazo opositor.

Informaron a AIM fuentes parlamentarias que el dictamen impulsado por La Libertad Avanza, con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID e interbloques provinciales, incorpora artículos que derogan leyes sancionadas e insistidas por el propio Congreso durante 2025, utilizando la ley de Presupuesto para desandar normas de fondo. Entre ellas se encuentran la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, la Ley de Emergencia en Discapacidad y disposiciones vinculadas al sostenimiento del Hospital de Pediatría Garrahan.

Según pudo saber AIM se trata de normas que habían superado vetos presidenciales con mayorías calificadas en ambas cámaras, y que ahora el oficialismo busca neutralizar mediante el articulado presupuestario, en una estrategia que la oposición calificó como un atajo institucional para profundizar el ajuste.

En particular, el artículo 75 del proyecto propone la eliminación de las leyes 27.793 y 27.795, que garantizaban marcos de financiamiento para personas con discapacidad y para el sistema universitario público. Según supo AIM, el texto también revierte asignaciones específicas destinadas al Hospital Garrahan, una referencia central del sistema público de salud pediátrica, lo que encendió alarmas por el impacto directo sobre la atención de alta complejidad.

La reacción opositora fue inmediata. Supo AIM que legisladores de Unión por la Patria denunciaron que el Gobierno utiliza el Presupuesto como herramienta de disciplinamiento político y recorte estructural, avanzando sobre derechos sociales básicos bajo el argumento del equilibrio fiscal. Señalaron que el proyecto no garantiza recursos para universidades, discapacidad ni educación técnica, y consolida una caída real del gasto en ciencia y tecnología.

Desde distintos bloques también se cuestionó que el ajuste recaiga sobre estudiantes, personas con discapacidad, pacientes del sistema público de salud y trabajadores del sector educativo, mientras se preservan otras prioridades del esquema económico. Advirtieron que el desfinanciamiento compromete el funcionamiento de universidades públicas, programas de investigación científica y prestaciones esenciales del sistema sanitario.

El oficialismo defendió el proyecto en nombre del equilibrio fiscal y la previsibilidad macroeconómica, insistiendo en la necesidad de no gastar por encima de los ingresos del Estado. En ese marco, el Presupuesto proyecta para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno del cinco por ciento y una inflación del 10,1 por ciento, con un tipo de cambio estimado en 1.420 pesos hacia fin de año.

Sin embargo, incluso dentro del esquema de aliados hubo firmas en disidencia, producto de cambios introducidos a último momento y del rechazo a algunos artículos que profundizan el recorte sobre áreas sociales y provinciales.

La sesión prevista para hoy no solo definirá la suerte de la ley de Presupuesto, sino que pondrá en el centro del debate el modelo de ajuste impulsado por el Gobierno y su impacto sobre educación, ciencia, discapacidad y salud pública. La discusión en el recinto será tensa y que la oposición intentará frenar o modificar los artículos más cuestionados, en un escenario atravesado por la disputa política y el costo social del desfinanciamiento.