"Se gastan miles de millones para reprimir al pueblo pero no hay plata para las universidades, ni los médicos. Lo que estamos viviendo con el protocolo antipiquetes es autoritarismo y es cada vez más peligroso el avance hacia el totalitarismo", sentenció Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, al presentar los datos del informe sobre la represión de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, durante un acto en el anfiteatro de la sede nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En la previa de una nueva marcha de los jubilados, la CPM alertó que en solo seis meses hubo más personas heridas y detenidas en movilizaciones que en todo el 2024. "Da cuenta de una decisión político-institucional de responder aún con más violencia y represión a los reclamos de amplios sectores de la sociedad, en particular de los sectores más vulnerables como el caso de los adultos mayores", denunciaron.

El informe sobre la represión de las fuerzas de seguridad, que surge de las tareas de monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria desde la implementación del protocolo antipiquetes, precisa que, al menos 1.251 personas fueron heridas en el primer semestre del año por la aplicación del protocolo de la ministra Patricia Bullrich, unas 36 más que en todo el año 2024. Entre las víctimas, hubo 132 adultos mayores y 4 niños, niñas y adolescentes.

Además fueron víctimas de la represión, 179 periodistas que cubrían los hechos y al menos 20 defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes del equipo de monitoreo de la CPM, que desempeñaban tareas de control del despliegue policial.

Las víctimas de la represión tuvieron lesiones de distinta gravedad, dos de ellas muy graves. Uno de ellos perdió la visión de su ojo; mientras que el otro fue el fotoreportero Pablo Grillo, internado en terapia intensiva durante 83 días, con una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica producto del impacto con una bomba de gas lacrimógeno.

También hubo más detenciones en estos meses que en todo el año anterior: 130 contra 93. "Como ocurrió en el primer año, se trató en todos los casos de detenciones arbitrarias, la mayoría de ellas durante las desconcentraciones", resalta el informe y agrega, sobre el operativo en torno al caso de Grillo, que se constituyó como el mayor despliegue represivo desde el 2001, con la detención de 114 personas sin las mínimas garantías legales, lo que generó la orden de liberación en pocas horas por parte de la jueza Karina Andrade.

Además, en los primeros seis meses del 2025, las fuerzas de seguridad federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria– junto a la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "reprimieron más de la mitad de las manifestaciones públicas y pacíficas que se realizaron en Caba, ámbito casi exclusivo de la aplicación del protocolo antipiquetes", indica el CPM.

El relevamiento de la CPM también denuncia que se "utilizaron contra las y los manifestantes armas menos letales de manera irracional y desproporcionada, sin respetar los protocolos de usos" y asevera: "No cumplir con estos protocolos transforman estas armas en letales". Entre otras graves vulneraciones a los derechos como la presencia de efectivos policiales con sus armas reglamentarias, a pesar de estar prohibido su uso en las movilizaciones, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la falta de condena y de una investigación seria a partir de sumarios internos administrativos.

En la presentación, junto a Adolfo Pérez Esquivel, estuvieron en la mesa el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Cnpt) Juan Manuel Irrazábal, el secretario ejecutivo del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Caba-Defensoría del Pueblo Ezequiel Paulicci, y el Secretario ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García y la directora general Sandra Raggio.

La labor de control sintetizada en el informe es un trabajo de a CPM en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense y en el marco del trabajo conjunto con el Cnpt y el Mecanismo Local de Caba. En ese sentido, desde los tres organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, se destacó la labor de control de las fuerzas de seguridad que se ejerce en el marco de las atribuciones que les confiere la ley. El trabajo fue reconocido por nueve Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas en la advertencia que enviaron al Estado argentino por las graves violaciones a los derechos humanos en la protesta.