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Política
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Primera aparición pública de la Corte Suprema sin Elena Highton de Nolasco

Con cuatro miembros hasta que se designe al sucesor de Highton de Nolasco, el máximo tribunal judicial del país volvió a la presencialidad y resolvió que los jueces federales de las provincias están habilitados para tramitar causas colectivas en las que están comprometidas cuestiones de jurisdicción nacional.

Con una disruptiva foto de cuatro integrantes, sin Elena Highton de Nolasco, la Corte Suprema ratificó que los jueces federales de las provincias están habilitados para tramitar causas colectivas en las que están comprometidas cuestiones de jurisdicción nacional.

La decisión fue tomada en el marco de una demanda de la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), en representación de los usuarios del servicio de gas.

Luego de una serie de aumentos de tarifas en 2018, la organización promovió una acción de amparo colectivo contra el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Energía para declarar la nulidad de las medidas.

Si bien la acción judicial fue presentada ante la Justicia Federal bonaerense, el Enargas aplicó la estrategia judicial de declarar incompetente el tribunal, argumentando que el expediente debía tramitar ante la Justicia en lo contencioso administrativo federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Con ello, bloqueó el avance del amparo.

Sin embargo, la Corte acaba de resolver a favor de la intervención federal de los tribunales del interior. El máximo tribunal determinó que es "competente para entender en las actuaciones al juzgado federal de La Plata", destacando "la inequívoca importancia y la trascendente función que cumplen los tribunales federales del interior del país".

El fallo, destacaron los jueces, "fomenta el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos".

De esta manera, los tribunales federales de todo el país quedaron habilitados para tramitar acciones colectivas de usuarios de bienes y servicios públicos que involucren el interés nacional.

corte suprema de justicia

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