Ingresó en la Cámara de Senadores un proyecto de Ley por el que se establece un régimen transitorio para los centros rurales de población que aún no son comunas, confirmó AIM. La modificación pretende la unificación de categorías, mejoras en los recursos y compensaciones a las autoridades de las Juntas de Gobierno y principalmente la creación de un régimen de contrataciones especial para las Juntas de Gobierno.
El proyecto de Ley lo presentó Armando Luis Gay, quien argumentó que las reformas surgieron ya que el actual Régimen (de la Ley 7.555) “se encuentra vetusto y conspira con el desarrollo de una administración justa para las poblaciones rurales, por lo que debemos encontrar la manera de construir herramientas que satisfagan las necesidades y demandas actuales hasta tanto alcancen el estatus de comunas”.
Al respecto, precisó: “De los 188 Centros Rurales existentes en 2019, el Poder Ejecutivo convirtió a 53 de ellos en nuevas Comunas. En el corriente año, mediante unificación de algunas jurisdicciones, convirtió 40 Centros Rurales de Población en 30 nuevas Comunas a partir del 2023. Esta gradualidad en el proceso de conversión nos obliga a tomar las medidas necesarias para que el tránsito de los actuales Centros Rurales de Población que aún no fueron declarados comunas, se desarrolle de la manera menos conflictiva posible”.
En ese sentido, recordó que las Juntas de Gobierno son delegaciones administrativas del Poder Ejecutivo Provincial, y por tanto, les es aplicable el régimen de contrataciones de la Ley 5140: “Todos los que conocemos la estructura, recursos y funcionamiento de las Juntas de Gobierno sabemos que es imposible la aplicación de tal régimen (licitaciones públicas, concursos de precios, entre otros), por ello es que se propone un régimen de contrataciones especial acorde a la realidad de ellas, que les permitirá una administración más ordenada y evitará complicaciones legales a sus autoridades que desarrollan una labor altruista y de manera paralela a sus tareas privadas”.
Además, la modificación pretende la unificación de categorías, mejoras en los recursos y compensaciones a las autoridades de las Juntas de Gobierno.